Boletín de prensa No. 529
México, D.F., 12 de enero de 2016

En cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mayo pasado entre autoridades federales, estatales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorgó el registro Sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatal y Municipal por la Justicia Social. 

Entre los acuerdos alcanzados con la intervención de las autoridades federales y locales para solucionar el conflicto entre empresarios y jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, surgido en marzo pasado, a petición de los trabajadores se estableció en el punto 8: “Se otorgará en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatal y Municipal por la Justicia Social”. 

Asimismo, en el punto 9 se acordó: “La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona”. 

Con el propósito de transitar hacia la representación legítima de estos trabajadores, la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social,  solicitó registro formal como organización sindical ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Una vez que cumplió con todos y cada uno de los requisitos que la Ley Federal del Trabajo dispone para el otorgamiento del registro, la STPS en ejercicio de sus facultades otorgó el mismo bajo el número 10/14506 quedando la denominación como “Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas”, donde funge como Secretario General el C. Lorenzo Rodríguez Jiménez, por el periodo social del 28 de noviembre de 2015 al 28 de noviembre de 2016. 

De esta forma, la autoridad laboral refrenda su absoluto apego al orden jurídico y su respeto a la autonomía y libertad sindical bajo la premisa de que corresponderá a los trabajadores determinar libremente quienes los representan. 

Cabe señalar que durante estos meses la STPS ha mantenido las visitas de inspección a los campos agrícolas para verificar el cabal cumplimiento de la normatividad laboral, así como de los acuerdos alcanzados con los jornaleros y que se esté respetando el pago del salario correspondiente a la estratificación de dichos campos.