Distinguido Embajador Joachim Rücker, Presidente del Consejo de Derechos Humanos.

Distinguido Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Honorables Miembros y Observadores del Consejo, Señoras y Señores:

I. La acción de México en el concierto internacional está anclada en el respeto al Estado de derecho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

México está convencido de que el Consejo de Derechos Humanos debe ser, primordialmente, un foro de diálogo y cooperación para la implementación de los estándares internacionales y el fortalecimiento de las políticas e instituciones nacionales. Desde su creación, México ha trabajado con la convicción de que este órgano debe ser la herramienta de transformación por excelencia de las políticas públicas en favor de los derechos humanos.

Toda la acción de México en el concierto internacional se encuentra anclada en el respeto del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional.

México seguirá promoviendo la inclusión del Estado de Derecho en todos los temas que definen la agenda internacional, incluida la agenda de desarrollo post 2015, como eje fundamental para la preservación y el fortalecimiento del sistema de gobernanza mundial.

El Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado son parte esencial de ese sistema y, a lo largo de los años, México ha hecho importantes contribuciones al ESTABLECIMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, AL desarrollo de nuevos estándares y a la consolidación del conjunto de los mecanismos y procedimientos especiales.

Señor Presidente:

No obstante ello, y como lo advirtió esta mañana el Alto Comisionado, observamos la dilución y erosión de los consensos y objetivos de décadas anteriores. En las grandes conferencias de la década de los 90  se establecieron las premisas que sustentan la acción internacional, como la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, e incluso los entendimientos de 2006 y 2007 que permitieron establecer este Consejo. Pero constatamos con preocupación que existe una acción deliberada para erosionar estos  principios y valores fundamentales.

Ello incide en un creciente y peligroso cuestionamiento de las instituciones protectoras de los derechos humanos en gran parte del mundo. Es necesario reflexionar con honestidad sobre lo que todos nosotros, como parte de la comunidad   internacional, estamos haciendo para agudizar o revertir estas tendencias, que pueden dañar las instituciones con las que contamos a nivel internacional

No cedamos ante la autocomplacencia. Este Consejo es el lugar idóneo para reflexionar sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en nuestro sistema global de promoción y protección de los derechos humanos.

Tenemos que preguntarnos si estamos realmente apoyando al Consejo y a la OACNUDH en el tratamiento efectivo de sus retos, tanto en el ámbito político, institucional o normativo, y también en el financiero.

Tenemos que preguntarnos cual es el impacto de nuestras decisiones en el terreno.

Tenemos que preguntarnos  si estamos ampliando su oferta de cooperación de la OACNUDH, al ser esta una demanda legítima de un amplio número de países que requieren apoyo para fortalecer sus capacidades nacionales y no sólo recibir denuncias.

II. Acciones de México en el ámbito nacional

Señor Presidente:

México es y seguirá siendo uno de los países más abiertos a la cooperación con el sistema universal y regional de protección de los derechos humanos.

Lo acreditan ante todo: i) 15 años de construcción de un andamiaje normativo e institucional ampliamente documentado y reconocido;  ii)  el  vigor  y  la  capacidad  de incidencia de una sociedad  civil  crítica  y exigente; iii) el establecimiento de instituciones autónomas y con amplias facultades constitucionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está renaciendo y renovándose; y iv) el acompañamiento de las instituciones internacionales.

Puedo dar fe de lo complejo que ha sido este proceso, el cual se explica sobre todo por la fortaleza de nuestra democracia. Puedo también dar cuenta de que se han presentado avances. Pero pese a todo ello, los desafíos todavía son muy importantes, como ha quedado de manifiesto con los sucesos en mi país en 2014 que sacudieron la conciencia de todos los mexicanos.

El  diagnóstico  es  claro:  el  tratamiento  se  ha  aplicado  de  forma desigual y poco uniforme al interior del país. En momentos difíciles como los que definen hoy la situación de México, necesitamos una evaluación seria y objetiva que considere todos los puntos de vista, sin excepción, que sume y aporte a las grandes transformaciones que ha emprendido la sociedad mexicana.

México está decidido a seguirse transformando. Las reformas estructurales deben continuar y profundizarse en los ámbitos de impartición de justicia, seguridad y Estado de Derecho, transparencia y un combate sin tregua a la corrupción. Sin ellas, el crecimiento y el desarrollo con inclusión no serán viables.

Señor Presidente:

Los países somos todos distintos, tenemos procesos históricos diferentes, lo que es muestra de una comunidad internacional diversa y plural. Pero todos los países reaccionamos de forma idéntica cuando percibimos que aquellos actores con los que hemos colaborado y en quienes hemos depositado nuestra confianza, parecen olvidar los procesos de los que han sido más que simples testigos, auténticos coadyuvantes.

En ocasiones parecería que se desconocen los cambios profundos que han tenido lugar en México en menos de veinte años y los esfuerzos que ha dedicado la sociedad mexicana a la construcción de sus instituciones. Es importante ponderar adecuadamente el contexto y la complejidad de la realidad para evitar que surjan voces que pongan en duda las bondades de un sistema que, a juicio de algunos, parecería perseguir fines distintos de aquellos que inspiraron su creación.

¿Qué requerimos en esta etapa por parte de la comunidad internacional? El reconocimiento de lo que se ha avanzado y la confianza de que seguiremos por la senda que nos hemos trazado. La seguridad de que Gobierno y sociedad tienen la determinación de redoblar los esfuerzos para enfrentar los desafíos que siguen vigentes.

En este sentido, debemos enfatizar una vez más que la atención del caso Iguala es una de las prioridades de México.

La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa puso de manifiesto que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, así como fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.

La Procuraduría General de la República ha expresado claramente que la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no está cerrada. Las investigaciones continúan y los detenidos  enfrentan  actualmente  cargos  por  diversos  delitos, incluyendo homicidio y desaparición forzada. Hasta tanto el juez no confirme las investigaciones y conclusiones de la Procuraduría, los estudiantes se consideran como desaparecidos.

Como una muestra más de la voluntad del Estado mexicano de actuar con transparencia y beneficiarse del acompañamiento y colaboración de los organismos internacionales, en noviembre del año pasado se firmó un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dicho acuerdo estableció un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuyo mandato será la verificación técnica de las actuaciones del gobierno tras estos lamentables sucesos.

El Grupo de Expertos tendrá además el mandato de formular recomendaciones que atenderán no sólo este caso, sino el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de investigación en este ámbito.

Los cinco expertos que conforman este Grupo independiente inician hoy su labor en México.

Señor Presidente:

Para profundizar las acciones tendientes a mejorar el Estado de Derecho en México, el Presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido una serie de medidas que, entre otras cosas, fortalecerán aún más los instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos en el país.

Al presentar iniciativas que permitan al Congreso expedir Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, se busca redefinir el sistema de competencias penales a nivel constitucional, así como fortalecer los protocolos y procedimientos de las autoridades investigadoras y garantizar que éstos sean eficaces y oportunos.

III.- Libertad de Expresión, Diversidad Cultural y Protección de Minorías

Señor Presidente:

El mundo ha sido testigo de los efectos del extremismo violento y de la más brutal intolerancia. Los horripilantes atentados en distintas partes del mundo (Francia, Dinamarca, Egipto, Libia, Iraq, Siria y Nigeria, entre otros) ponen de relieve que la comunidad internacional no ha conseguido desarrollar un mecanismo que nos permita prevenir este tipo de actos.

Un simple repaso de los tratados y otros instrumentos internacionales, así como de las recomendaciones de los Relatores, nos permite afirmar que no requerimos ningún  desarrollo de nuevos estándares. No cabe duda del amplio alcance de normas como la libertad religiosa, sin la cual ningún derecho humano es posible, la libertad de conciencia y la libertad de expresión, normas que son oponibles erga omnes.

Si  bien  han  existido  distintos  esfuerzos  en  este  ámbito,  como  la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, o el Plan de Acción de Rabat, resulta  urgente  generar  una   respuesta articulada e impulsar un verdadero liderazgo político no sólo para combatir este tipo de sucesos, sino para prevenirlos, prestando atención a sus verdaderas causas.

La protección de minorías requiere mucho más que atender los retos que se nos presentan desde la única perspectiva del combate al terrorismo.

Es por ello que México espera fortalecer la discusión inter-gubernamental en torno a la interconexión entre la libertad de expresión, la  diversidad  cultural  y la protección de minorías, en  el marco del Consejo de Derechos Humanos y evaluar si existen condiciones para que se adopten medidas adicionales por parte de la Asamblea General.

Propondremos que se considere, primero, la fusión de los varios procedimientos especiales de este Consejo que atienden en forma aislada estas situaciones. Las discusiones y reflexiones que aquí se sustenten podrían llevarnos a plantear la necesidad de que el Secretario General designe a un Representante Especial para la prevención de la discriminación y la protección a minorías

III. Transparencia, acceso a la información y derechos humanos

Señor Presidente:

Para concluir, quisiera referirme a la transparencia y el acceso a la información, instrumentos que han dado forma a una nueva relación  entre  el  gobierno  y  la  ciudadanía en México, y han contribuido a la consolidación de nuestra democracia.  En  el  marco  de  las Naciones Unidas hemos reconocido el vínculo entre el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la prevención de la corrupción, para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

En ese tenor, me complace informar que México iniciará consultas en torno a la necesidad de contar con un instrumento jurídico, de carácter universal, en materia de transparencia y rendición de cuentas, como medio para asegurar la plena realización de los derechos humanos –en particular la libertad de expresión, y el derecho para buscar y recibir información, así como para la protección de datos personales.

En un sentido más amplio, debemos avanzar en la identificación de los parámetros de gobernanza del Internet frente a los imperativos que mencioné. La decisión de Estados Unidos de considerar el Internet como un bien público representa un avance hacia una discusión seria y serena de los límites –si los hubiere— de lo que debe o no debe colocarse en la red.

Estas  iniciativas  reafirman  la  vocación  de  México  de  promover  el Estado de Derecho y el desarrollo progresivo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Muchas gracias.