Señor presidente del Consejo de Derechos Humanos, distinguidos embajadores y delegados, representantes de la sociedad civil.

Con convicción y responsabilidad asisto a esta reunión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos a nombre del Estado mexicano, para presentar su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos.

La Delegación de México aquí presente, refleja el compromiso de los actores políticos del país y la decisión del Estado de consolidar su agenda de derechos humanos. Está integrada por diversas dependencias del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo,  el gobernador del Estado de Coahuila y Coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y por el ombudsman nacional.

En 2013, México registra avances concretos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos. Se lleva a cabo un proceso de transformación estructural y modernización del orden constitucional y legal que consolidará una política de Estado en la materia.

Este avance se ha logrado gracias al acuerdo y acompañamiento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, capaces de impulsar una agenda conjunta en beneficio de los mexicanos.

Tenemos importantes retos pero hoy, como nunca, trabajamos por el fin común de construir una sociedad de derechos y un país de oportunidades para todos.

Señor presidente:

En primer término me referiré a los principales avances en materia de derechos humanos, generados por una serie de reformas constitucionales, sin precedentes, y a las leyes secundarias necesarias para su implementación.

Posteriormente, mencionaré aquellos programas y políticas públicas diseñados para consolidar la cultura de los derechos humanos. Finalmente, abordaré el contexto que ha favorecido dichos cambios, generado por el compromiso de los principales partidos políticos, reflejado en el “Pacto por México”; la firmeza con que ha impulsado esta agenda el Presidente de la República; la cooperación de los Poderes de la Unión, y el invaluable acompañamiento de los mecanismos del sistema internacional. Ello ha catalizado una profunda transformación de México en el ámbito de los derechos humanos

En primer lugar, destaco el nuevo marco constitucional y legal en el que el reconocimiento y protección de los derechos humanos son ejes rectores de la acción del Estado.

La reforma a la Constitución en materia de derechos humanos del año 2011, representa la mayor ampliación de derechos, desde su promulgación en 1917.

La reforma del 2011, reconoce la trascendencia de los derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México es parte. Se reconocen los principios pro persona, de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.

Todo Juez mexicano cuando interpreta la ley y resuelve, lo hace conforme a la norma más favorable para la persona, de fuente nacional o internacional.

En segundo lugar, se ampliaron las facultades del Ombudsman nacional. En el ámbito local, se fortaleció la autonomía de las comisiones de protección de derechos humanos.

Un tercer aspecto, es el cambio fundamental que representa la renovación del juicio de Amparo, habeas corpus, como mecanismo efectivo de protección de los derechos humanos.

Con la citada reforma, el juicio de Amparo procede por actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia para emitir declaraciones generales de inconstitucionalidad de una norma.

También se amplían los supuestos de procedencia al tener “interés legítimo” y no solo “jurídico”, permitiendo una efectiva protección de los derechos colectivos.

Los avances en el marco constitucional y legislativo, se acompañan del diseño de políticas públicas que integran de manera transversal la perspectiva de derechos humanos.

En cuarto lugar, hoy en México se elabora el Programa Nacional de Derechos Humanos. El Programa será fundamental para consolidar una política de Estado que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil para implementar la reforma constitucional en la materia.

Por primera vez, contemplará indicadores y metas para medir avances, identificar retos y, de ser necesario, realizar ajustes.

Este Programa encuentra sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que articula la acción del Gobierno de la República y establece cinco metas nacionales: hacer del país un México en Paz; un México Incluyente; un México con Educación de Calidad; un México Próspero; y un México con Responsabilidad Global.

La primera meta, un México en Paz, busca fortalecer la democracia y la gobernabilidad para que las personas sean el centro de las políticas de seguridad y justicia.

El compromiso de México es brindar condiciones de seguridad y paz a todas las personas, para lograr su desarrollo y bienestar.

Señor presidente:

En 2009, México expuso en este foro las complejas circunstancias de inseguridad y de violencia por las que atravesaba el país. Ello obligó a que, Gobierno y sociedad, a partir del 2012, replantearan la Nueva Política de Seguridad y Procuración de Justicia que busca atender de manera integral, las causas y no solo los efectos de este fenómeno.

Como quinto aspecto, esta Nueva Política se destaca por la adopción de las recomendaciones sobre seguridad ciudadana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, priorizando las acciones de prevención social del delito y las medidas para evitar violaciones a derechos humanos que pudieran derivarse del uso de la fuerza.

En sexto lugar, destaco que las instituciones del Gobierno Federal que hacen uso de la fuerza pública cuentan con protocolos que regulan y delimitan su actuación, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se elabora la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los niveles de violencia han disminuido y hemos identificado una baja importante en las quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra miembros de las fuerzas armadas.

Un Estado sólido debe privilegiar el diálogo y la tolerancia. Tenemos absoluta convicción que las políticas de seguridad y de derechos humanos en México deben estar plenamente articuladas.

En séptimo lugar, la atención a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos es prueba que México aborda la problemática de seguridad con un nuevo enfoque.

En enero pasado se publicó la Ley General de Víctimas, una ley de alcance nacional, sin precedente, que cumple con los estándares internacionales.

Este ordenamiento contempla la asistencia, protección, atención, reparación integral y restitución de los derechos de las víctimas de la violencia. Incorpora por primera vez en México el concepto de justicia restaurativa y ubica a la víctima como actor central del sistema de justicia penal del que históricamente había sido relegado.

En el marco de la Ley, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conformada por miembros de la sociedad civil que tendrán como tarea principal vigilar y avanzar en la implementación de este nuevo esquema de atención en todo el país.

Como octavo aspecto, me referiré a la Justicia Militar, un tema que fue motivo de recomendaciones durante el examen anterior y en el que se han logrado avances importantes.

El Estado mexicano reconoce que ante situaciones que vulneren los derechos humanos de personas civiles no debe operar la jurisdicción militar. Por ello, se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.

Es así que de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 57,  fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar. Por su parte, la Procuraduría de Justicia y los Tribunales Militares, siguiendo dicho criterio han declinado competencia a favor de las autoridades civiles, en 543 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

En noveno lugar,  señalo los esfuerzos para la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. México recibió de parte de este Consejo, recomendaciones en este ámbito. Reconocemos la importante contribución de estos actores y observamos un respeto irrestricto por el derecho a la libertad de expresión.

Por ello, a partir de una reforma constitucional se estableció la facultad para que en algunos casos las autoridades federales puedan conocer e investigar los delitos que atenten contra la libertad de expresión, cometidos contra periodistas, personas o instalaciones, y se creó la Fiscalía Especial para la atención de los mismos.

Además, en 2012, se creó por mandato de la Ley el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se establecieron líneas de cooperación con los gobiernos locales para la operación de mecanismos de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de estas personas.

Dicho mecanismo cuenta con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos, en un ámbito de corresponsabilidad para lograr un entorno seguro.

En décimo lugar, entre las reformas enviadas recientemente al Congreso, destaca la reforma al Código Penal Federal para homologar a los estándares internacionales la definición del delito de desaparición forzada. Asimismo, el Presidente de la República propuso al Senado el retiro de la reserva formulada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

Se aprobó también en el 2011 la Ley del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas que obliga al Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades locales, a construir un registro de personas en esta situación.

Hoy contamos con dicho Registro y se trabaja en su depuración para identificar qué personas siguen en condición de no localizados. Asimismo, se realizan esfuerzos para localización a través de las procuradurías de los Estados, en coordinación con la unidad de Personas Desaparecidas, creada recientemente en la Procuraduría General de la República para atender esta problemática.

Como decimoprimer aspecto, hemos desarrollado el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 actualmente en operación.

Por primera vez, la planeación del desarrollo nacional asume como uno de sus cuatro ejes transversales, la perspectiva de género.

Asimismo, en días recientes, el Presidente envió una iniciativa de reforma a la legislación electoral para garantizar la paridad entre hombres y mujeres en el Congreso.

Como decimosegundo tema, resalto las actividades para prevenir las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, considerando la situación de México como un país de origen, tránsito, destino y retorno.

Las más recientes acciones en la materia incluyen la emisión de la Ley de Refugio y Protección Complementaria de 2010 y la Ley de Migración en 2011, así como programas de protección de niñas, niños y mujeres migrantes.

Como decimotercer aspecto, la Constitución garantiza, hoy, el derecho de audiencia y debido proceso de los extranjeros frente a la hipótesis de expulsión.

En decimocuarto lugar, se estableció la obligación de limitar las facultades del Estado para decretar el estado de excepción. Esta reforma establece los derechos, cuyo ejercicio no puede suspenderse o restringirse en caso alguno.

Estas dos últimas reformas exigen un desarrollo a nivel secundario. Con el pleno apoyo de las fuerzas políticas del país, expresadas en el “Pacto por México”,  el día de ayer, se enviaron al Congreso las iniciativas que les darán plena forma.

Hemos logrado acuerdos para transformar a México en un país más justo, donde todos, niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad e indígenas, todos los ciudadanos, gocemos de los mismos derechos.

El Congreso ha sido un actor clave para lograr estos avances. Diputados y Senadores, con un gran sentido de responsabilidad, han trabajado en el diseño y aprobación de las reformas constitucionales mencionadas, así como en las leyes secundarias que harán efectiva su implementación.

La Suprema Corte de Justicia también ha desempeñado un papel fundamental para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Recientemente, en una resolución de gran alcance, reconoció la obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la conformación de un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.

Señor presidente:

En materia de política exterior, México está comprometido  con el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos. Mantenemos una plena apertura al escrutinio internacional, evidenciado por su invitación abierta y permanente a los mecanismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

Desde 2008 hemos recibido la visita de nueve mecanismos del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas, así como de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Deseo agradecer especialmente el apoyo recibido por parte de la señora Navi Pillay.

Señor presidente:

En esta primera intervención he dado cuenta de los avances logrados en México. Reconocemos, sin embargo, que aún enfrentamos retos.

Atendimos las recomendaciones formuladas durante el primer ciclo del EPU. En México, la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable. Ello forma parte de la consolidación de nuestra democracia.

Nuestro marco constitucional obliga a todas las autoridades a proteger los derechos fundamentales, promoviendo una transformación cultural y jurídica.

Más adelante profundizaremos en éstos y otros temas. También, para facilitar su consulta, hemos circulado un documento con respuestas puntuales a las preguntas recibidas por anticipado.

Muchas gracias.