La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González; el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, encabezaron la inauguración de la visita in situ para el seguimiento de los compromisos asumidos por México en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida).
En su oportunidad, la Secretaria Gómez González afirmó que el cumplimiento de los compromisos asumidos ante este Mecanismo significa una acción estratégica indispensable y de amplia trascendencia para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Recordó que México resultó sorteado para ser evaluado por Guatemala y la República de Santo Tomé y Príncipe durante el periodo comprendido entre julio de 2016 a junio de 2017, en el marco del Segundo Ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).
Por su parte, el Subsecretario Ruiz Cabañas señaló que al tratarse de un fenómeno global, es necesario fortalecer la cooperación internacional y los mecanismos multilaterales para combatir y prevenir la corrupción.
En presencia de los examinadores internacionales y del Secretariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), la Secretaria Arely Gómez González apuntó también que la evaluación y recomendaciones de la CNUCC representan y representarán un insumo vital para la operación del SNA, toda vez que lo más importante es consolidar la confianza ciudadana en el gobierno.
En ese sentido, señaló que el reto más importante es reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones públicas, como requisito indispensable para una acción gubernamental eficaz y eficiente.
En su oportunidad, Antonio Mazzitelli, Representante de la ONUDD en México, reconoció la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR), de la SFP y de la Cancillería, así como de otras autoridades de la Administración Pública Federal, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, para trabajar conjuntamente.
