Se inauguró la 13ª Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de octubre, con la participación de la sociedad civil.
En el evento en el que estuvo presente el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas sostuvo que “la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son una condición esencial para un desarrollo sostenible e incluyente, como lo reconoce explícitamente el Objetivo 5 de la Agenda 2030 de Desarrollo, y que fue posible incluir en gran medida gracias al impulso de la región latinoamericana”.
Y concluyó diciendo que “estamos claros de que el diálogo y la vinculación con la sociedad civil, resultan imprescindibles. La colaboración con las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, como importantes impulsoras de esta agenda, debe ser el eje central de esta conversación orientada a la realización de la igualdad verdadera”.
Durante la inauguración Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) señaló que “es una realidad que gracias al establecimiento de las cuotas y del principio de paridad en la Normatividad de varios países de América Latina, las mujeres estamos teniendo cada vez mayor representación en la toma de decisiones, sin embargo la violencia política se manifiesta como una táctica para impedir nuestra participación política”.
En la actualidad, México cuenta con el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que sin duda, facilita su identificación, evita daños mayores y fortalece la coordinación entre las instituciones para erradicarla en todos los niveles de gobierno.
La Convención de Belém do Pará fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994 y constituye el primer tratado internacional que aborda dicha problemática. En él, se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
La Convención entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y hasta la fecha ha sido ratificada por 32 Estados (todos los Miembros de la OEA, con excepción de Canadá, Cuba y Estados Unidos).
