El gobierno de México reconoce el acuerdo judicial alcanzado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil estadounidense con el estado de Carolina del Sur, como resultado de la demanda que interpusieron contra la ley SB20 de dicho estado.

El acuerdo suspende permanentemente los apartados que buscaban penalizar la interacción con personas indocumentadas y limita las acciones de control migratorio de autoridades locales. Entre las disposiciones que quedan sin efecto destacan la penalización por alojar y transportar a personas indocumentadas, la obligatoriedad de portar prueba de registro migratorio, la criminalización por el uso de identificaciones falsas, y la detención o prolongación de una detención únicamente para inquirir sobre la condición migratoria de una persona.

Este acuerdo se suma a otro similar que las organizaciones de la sociedad civil alcanzaron con el estado de Alabama. En ese caso se suspendieron definitivamente disposiciones que criminalizaban la migración y abrían espacios para la posible aplicación indebida de la ley.

La ley SB20 fue promulgada en junio de 2011 y parcialmente suspendida por cortes federales en diciembre de ese mismo año. Este grupo de organizaciones y el gobierno de Estados Unidos presentaron demandas contra dicha legislación. El gobierno de México acompañó las acciones legales emprendidas contra la ley SB20 mediante escritos de "Amigo de la Corte", con el apoyo de diversos países latinoamericanos, y reforzó su presencia consular en el estado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Estados Unidos y el Consulado General de México en Raleigh, dará seguimiento a la instrumentación de este acuerdo. El gobierno de México reitera su compromiso con la protección de los mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria.