Conjunto SEGOB-SRE

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Juan Manuel Gómez Robledo, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, presentaron la respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

El EPU fue creado en 2006 como una evaluación periódica del Consejo de Derechos Humanos por medio de la cual se considera la situación que guarda en el tema cada uno de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

Por parte del Estado mexicano hubo una amplia aceptación de las recomendaciones hechas por los países miembros. Esta postura se definió mediante un proceso plural coordinado por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, que involucró consultas a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los poderes Legislativo y Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, se entabló un diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Esta dinámica refleja un proceso incluyente y transparente en el que se privilegió en todo momento la construcción de acuerdos.

Para dar seguimiento a las recomendaciones, el gobierno de México diseñará un mecanismo coordinado con las instancias involucradas que garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Las recomendaciones derivadas del EPU y de otros mecanismos internacionales y nacionales fueron tomadas en cuenta para la construcción del Programa Nacional en la materia, que se presentará próximamente y que busca contribuir a la construcción de una sociedad de derechos.

El Gobierno de la República reitera su compromiso con el fortalecimiento del sistema internacional y nacional de los derechos humanos. Su respeto y protección son demandas ciudadanas y un compromiso irrenunciable del Estado.