Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo:

Señor Presidente.

Es innegable que, a sus doce años de existencia, la Corte ha ganado en universalidad y se ha consolidado. Estados, tanto Parte como No Parte del Estatuto, continuaron remitiendo, en este último año, situaciones a la Corte, lo que es prueba de la confianza que han depositado en ella. Las causas judiciales siguen avanzando y hemos visto la confirmación de dos sentencias.

Pero a pesar de estos logros, son grandes también los desafíos que enfrenta el sistema creado por el Estatuto de Roma.

Uno de los mayores retos que tiene la Corte para el desempeño de sus labores es el de la falta de cooperación de los Estados. Lamentamos que continúen pendientes de ejecución las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra 13 personas, algunas de las cuales son perfectamente localizables.

Vemos con interés las propuestas que se han planteado en el marco de las negociaciones de la Mesa para fortalecer las estrategias de arresto de la Corte. Destacamos también la importancia de que la Corte impulse esquemas de cooperación para localizar, asegurar y, en su caso, confiscar los activos de los acusados y de los sentenciados.

Lamentamos que el Consejo de Seguridad siga sin actuar frente a las siete decisiones de la Corte que acreditan la falta de cooperación de parte de algunos Estados. Es indispensable fortalecer la colaboración entre la Corte y el Consejo de Seguridad en el objetivo común de luchar contra la impunidad por crímenes graves de trascendencia internacional.

Cabe mencionar que ello está estrechamente vinculado con la importancia de asegurar la no politización en la remisión de situaciones por parte del Consejo de Seguridad a la Corte. Por esta razón, México y Francia han impulsado-y seguirán impulsando activamente- el establecimiento de un marco para restringir el recurso al uso del veto frente a situaciones en las que se presuma se han cometido crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Señor Presidente:

México defiende la independencia de la fiscalía y de los jueces como un aspecto esencial para que se alcance el objeto y fin del Estatuto de Roma.  Las discusiones que sostengamos en esta Asamblea deben centrarse en el fortalecimiento de la Corte, en ejercicio de las facultades que nos confiere el Estatuto, y no pueden vulnerar tal independencia, ni afectar la actuación autónoma de un órgano judicial.

Pero una cosa es no respetar la independencia con la que debemos estar todos comprometidos y otra muy distinta es no llevar a cabo, con honestidad y franqueza, las reflexiones colectivas que suscita la construcción de una institución que tiene aún mucho trabajo que realizar para su plena consolidación.  Debemos encontrar los espacios más apropiados para dar cauce a inquietudes legítimas de unos y de otros.

Por eso, México auspiciará en 2015 un coloquio internacional para profundizar la reflexión sobre el fortalecimiento del sistema, incluyendo la promoción de la ratificación de las enmiendas de Kampala.

Señor Presidente:

Los Estados tenemos la responsabilidad primordial de aplicar y salvaguardar el Estatuto de Roma, tanto en el ámbito internacional como en el interno.  México coincide en la vital importancia que tiene el fortalecimiento de los sistemas de justicia nacionales.  Esta es la expresión más concreta del principio de complementariedad, base del sistema que creamos en Roma.

Para lograrlo, muchos países acuden a la cooperación internacional con otros Estados o con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.  México, país totalmente abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos y a la cooperación en la materia, ha logrado incorporar en su marco legislativo y en sus instituciones una parte muy importante de las obligaciones asumidas en tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales.

Sin duda, falta mucho por hacer: tenemos desafíos muy importantes en materia de implementación de tales obligaciones. Apenas hace unos días, en el marco de un caso que ha indignado a Gobierno y sociedad mexicanos en su conjunto, México suscribió un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la asistencia técnica de ese órgano, con el fin de dotar de credibilidad a las actuaciones del Estado. Queremos también que las recomendaciones que nos haga la Comisión Interamericana tengan impacto en la atención de problemas de carácter estructural.

Por otra parte, el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, sirve de plataforma para numerosas recomendaciones y ofertas de cooperación en materia de justicia penal y genera políticas públicas como está ocurriendo en mi país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desempeña una labor importantísima en este ámbito en México, al igual que el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Además, en el contexto de la Declaración de Alto Nivel sobre Estado de Derecho de 2012, mi país impulsó el establecimiento de compromisos que incluyen objetivos específicos en torno al Estatuto de Roma.

Los objetivos de desarrollo sostenible post-2015 deberán comprender el estado de derecho. Sin estado de derecho no hay desarrollo. Sin estado de derecho, no hay derechos humanos.

Señor Presidente,

Estos ejemplos bastan para demostrar que contamos con los mecanismos internacionales, con las competencias apropiadas y la experiencia  y recursos técnicos y humanos para impulsar el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de justicia y lucha contra la impunidad.

Pero tenemos crecientes dudas respecto de si acaso corresponde a un órgano judicial, como es la Corte, asumir funciones, que no tiene bajo el Estatuto de Roma, aun de carácter informal e indirecto, que corresponden más a la naturaleza y al mandato de otras instituciones creadas expresamente con ese fin.

Señor Presidente,

Vinculado con la promoción de la complementariedad, se habla con frecuencia de los efectos positivos de los exámenes preliminares.  Nadie pone en duda la obligación que tiene la Fiscalía de desempeñar su responsabilidad al amparo del Estatuto.

Consideramos que es necesario reflexionar sobre la mejor manera de fortalecer estos exámenes para que su apertura, desarrollo y conclusión se enmarquen en la certeza jurídica y la equidad procesal entre las partes.

En este tenor, invitamos a los Estados y a la Corte a considerar la pertinencia de establecer criterios -o incluso un mecanismo de revisión judicial- que limiten la discrecionalidad en torno a la duración de estos exámenes. Dicho mecanismo podría abonar en la credibilidad y el fortalecimiento institucional de la Corte.

Señor Presidente:

No podemos ignorar la complejidad cada vez mayor que han tenido año con año las negociaciones sobre el presupuesto de la Corte, ante el constante incremento solicitado. Las relativas al presupuesto 2015 no han sido la excepción.

La Corte tiene un creciente número de situaciones y casos bajo su consideración. Y tiene el reto de hacer frente a ellas, eficientemente, en el marco del presupuesto que cada año le asignamos.

Sin embargo, Señor Presidente, la asignación de recursos a la Corte debe venir acompañada de un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto asignado, dentro del marco de las funciones y facultades previstas en el Estatuto.

Señor Presidente.

En esta era de retos y de continua construcción institucional de la Corte Penal Internacional, México desea refrendar su compromiso hacia el fortalecimiento del sistema creado por el Estatuto de Roma y hacia la integridad de ese instrumento. El combate a la impunidad por los crímenes internacionales es y debe seguir siendo nuestro objetivo común, en el marco  y sólo dentro del marco de las facultades que nos confiere el Estatuto de Roma.

Muchas gracias.