El día de hoy, México participó en el 150º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C.

La delegación mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; el embajador Emilio Rabasa Gamboa, representante permanente ante la OEA; y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Salud, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas.

En las distintas audiencias públicas a las que México fue convocado por la CIDH, la delegación tuvo oportunidad de brindar un panorama integral sobre las políticas públicas y buenas prácticas en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el país, para cuyo diseño y desarrollo se trabaja estrechamente con la sociedad civil.

Asimismo, se escucharon los planteamientos y solicitudes de los integrantes de la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero, se informó sobre las medidas de protección y acceso a la información pública que se les ha otorgado y se confirmó su disposición a trabajar en la atención de retos.

El Estado también reconoció los desafíos que enfrenta en materia de salud materna, así como casos que pueden comprometer el respeto a los derechos de las mujeres. Destacó, no obstante, los altos índices de partos satisfactorios en el país, los programas y acciones para garantizar la atención obstétrica oportuna y de calidad, con enfoque de derechos y las herramientas para profundizar la coordinación entre el gobierno Federal y estatales en esta materia.

Por otra parte, México compartió las acciones presentes y futuras para materializar el nuevo sistema de justicia penal en México, como son la armonización legislativa entre los ordenamientos locales y federal en materia de procedimientos penales y la coordinación interinstitucional entre distintos poderes en los tres órdenes de gobierno para agilizar la implementación de dicho sistema, con participación y apoyo de la sociedad civil. Sin perjuicio de ello, se reconocieron las tareas pendientes en materia de infraestructura y capacitación, entre otros,

La CIDH reconoció el nivel de participación de la delegación mexicana, así como los avances presentados por México. Asimismo, coincidió con el Estado y los peticionarios de las audiencias sobre la necesidad de seguir trabajando para superar los desafíos y problemáticas que aún subsisten en los temas abordados. A este respecto, el Estado refrendó su plena voluntad para redoblar esfuerzos hacia tal fin, en un marco de diálogo y cooperación con la sociedad civil.

El Estado mexicano reitera así su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y su política de plena apertura y cooperación con los organismos y mecanismos internacionales encargados de su protección.