El Estado mexicano firmó hoy un acuerdo de solución amistosa en el caso Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, con la finalidad de reparar integralmente a las víctimas del mismo, quienes sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos en 1997. Dicha acuerdo fue suscrito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica.

El Estado mexicano, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, manifestó que la celebración de dicho acuerdo de solución amistosa es un acto inédito, ya que se trata de la primera ocasión en la que el Estado mexicano firma un convenio de este tipo ante la CIDH.

La funcionaria federal señaló que este acuerdo refleja el incesante compromiso que ha asumido el Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el cual se ha convertido en una política de Estado. Expresó que este acuerdo demuestra la importancia que para México tienen las víctimas de violaciones a las garantías individuales. Una muestra de ello, dijo, se ejemplifica con la celebración del citado acuerdo de solución amistosa, a pesar de que algunos de los hechos materia del presente caso ocurrieron con anterioridad al reconocimiento que nuestro país hiciera de la competencia contenciosa de la CIDH.

El acto estuvo encabezado, por parte del Estado mexicano, por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, quien estuvo acompañada por la directora general adjunta de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandra Negrete Morayta, y del director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday. Por parte de las víctimas estuvieron presentes Santiago Sánchez Silvestre y sus representantes legales, María del Pilar Noriega García, Ana Marcia Aguiluz Soto y Carlos Zazueta.

El testigo de honor en la celebración del acuerdo de solución amistosa fue Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció el compromiso y la disposición del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales.

México reitera su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos así como con la construcción de una sociedad democrática de derechos.