El Gobierno de México estuvo representado en la audiencia por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Eliana García Laguna; y el embajador de México ante Costa Rica, Fernando Baeza Meléndez.

Asimismo, asistieron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Comisionado y Relator para México, James Cavallaro.

En el caso Alvarado Reyes y otros, las medidas provisionales fueron dictadas por la Corte IDH el 26 de mayo de 2010, mediante las cuales requirió al Estado llevar a cabo las acciones necesarias para dar con el paradero de tres personas desaparecidas en el estado de Chihuahua, así como para proteger la vida e integridad de sus familiares.

Por otra parte, en el asunto Castro Rodríguez, las medidas fueron otorgadas por dicho órgano el 13 de febrero de 2013, para proteger la vida e integridad personal de una defensora de derechos humanos de la misma entidad federativa.

Durante dicha audiencia, los representantes del Estado mexicano compartieron información con la Corte IDH, CIDH, así como con los beneficiarios de las medidas que asistieron, sobre los avances y seguimiento a la implementación de ellas, reiterando en todo momento su compromiso y voluntad de cumplirlas de forma integral.

En el contexto de la Audiencia Pública, el Comisionado y Relator para México, James Cavallaro, las representaciones del Gobierno de la República, de las y los beneficiarios de la medidas cautelares, así como de la representación legal de los mismos, sostuvieron una reunión en la que avanzaron algunas propuestas y compromisos para cumplir las medidas cautelares.

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