La resolución hace un llamado a fortalecer el diálogo y la cooperación internacional para alcanzar mejores resultados en la reducción de la demanda y oferta de drogas ilícitas, estimulando la instrumentación de políticas equilibradas que coloquen en el centro del quehacer gubernamental el bienestar y salud del individuo y las comunidades.

Además, reconoce que existen nuevas dimensiones del fenómeno y la necesidad de trabajar para contrarrestar y prevenir la violencia y las consecuencias negativas para el tejido social, la salud, la economía, los derechos humanos y la impartición de justicia.

La inclusión, la reintegración social, la atención a las víctimas de las diferentes manifestaciones del fenómeno y el acceso a los servicios de salud son algunos de los elementos que enfatiza la resolución. Al mismo tiempo, refrenda compromisos para atajar las actividades de la delincuencia organizada transnacional y hacer frente al desafío que representan nuevas sustancias sicotrópicas.

Se destaca también en esta resolución, la importancia de compartir las experiencias nacionales y buenas prácticas para atender el fenómeno, y el reconocimiento a las contribuciones que la discusión regional puede aportar para lograr mayor eficacia en los compromisos para hacer frente a este reto global, bajo perspectiva de responsabilidad común y compartida.

La adopción de esta resolución constituye un paso importante para lograr un debate sustantivo, plural e incluyente en los trabajos hacia la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que se dedicará al problema mundial de las drogas en 2016 (UNGASS 2016).

También conmina al sistema de Naciones Unidas, a organismos regionales, diversos sectores de la sociedad civil y legisladores a proporcionar insumos y participar activamente en el proceso preparatorio, además de abrir un espacio para que en 2015 el presidente de la Asamblea General lleve a cabo un encuentro de alto nivel con todos los actores relevantes.

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