* Dr. Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos (SHCP), y Dr. Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (SSA)

El sobrepeso y obesidad entre la población del país representan un enorme desafío en materia de salud pública. Siete de cada diez adultos padecen sobrepeso u obesidad, la segunda tasa de prevalencia más alta entre los miembros de la OCDE y solo por detrás de los Estados Unidos. El problema es igualmente grave en la niñez, donde México se ubica en el tercer lugar más elevado de la OCDE. Esto se ha reflejado en una incidencia de problemas de salud muy por arriba de lo normal: la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en México es cuatro veces el promedio de la OCDE.

Resulta indispensable usar todas las herramientas que puedan contribuir a la solución de este problema. Por ello, la Reforma Hacendaria incluyó un impuesto sobre las bebidas saborizadas con endulzantes calóricos. El objetivo era inducir un menor consumo por parte de las familias mexicanas de las bebidas endulzadas, y que éstas sean sustituidas por productos sin efectos adversos sobre la salud.

La evidencia muestra que el impuesto ha tenido un impacto en la dirección en que se esperaba. De acuerdo con información del INEGI, 1 las ventas de bebidas saborizadas tuvieron una reducción anual de 3.8% en 2014, cuando en los tres años previos habían tenido un crecimiento promedio de 3.4%. Las ventas de agua embotellada experimentaron un repunte: crecieron 10.7% en 2014, más del doble del crecimiento de 4.7% en los tres años anteriores.

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte encuentra que el impuesto resultó en una reducción de 6% en el consumo de bebidas saborizadas y un aumento de 4% en el consumo de agua purificada, en ambos casos con respecto al nivel que se hubiera observado en ausencia del impuesto.

Los resultados anteriores pueden emplearse para calcular cuánto se redujo el consumo de calorías. Al respecto, se ha criticado al impuesto por ser poco efectivo, ya que la disminución en el consumo de calorías parece limitado cuando se compara con el consumo total de calorías de una persona. Esa crítica es incorrecta ya que el objetivo del impuesto nunca fue que las personas dejaran de consumir alimentos en su totalidad, sino reducir el problema de obesidad. Por lo tanto, el comparativo adecuado es ver si la reducción en el consumo de calorías hace que el consumo de una persona que tiene problemas de sobrepeso se acerque al consumo de una persona que no padece este problema.

La evidencia implica que el impuesto causó una reducción en el consumo por persona de 16 calorías al día en promedio. La diferencia en el consumo de calorías entre una persona con masa corporal adecuada y una con sobrepeso es de alrededor de 240 calorías por día, por lo que la disminución en el consumo de calorías por el impuesto representa el 7% de esta diferencia. Claramente, el impuesto ha tenido un impacto significativo en la dirección deseada, si bien es necesario seguir avanzando también en otras acciones complementarias como campañas de salud pública, actividad física, controles publicitarios y asegurar la disponibilidad de otros productos en las escuelas.

El efecto del impuesto se ampliará conforme los hábitos de consumo de las familias se vayan ajustando de forma más completa. El lanzamiento en 2013 de la Estrategia del Gobierno de la República en contra del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, junto con la entrada en vigor del impuesto, aumentaron la percepción de las familias del país sobre la gravedad de los problemas de obesidad y la importancia de mejorar los hábitos alimenticios. Asimismo, es previsible que el impuesto lleve a una mayor distribución de agua embotellada a lo largo del tiempo.

Dado el impacto positivo del impuesto, ha comenzado a ser analizado para su posible adopción en países como Brasil y Chile, y el estado de California. Y si bien aún será necesario que pase un poco más de tiempo para identificar el impacto total del impuesto, es claro que se ha convertido en un elemento esencial en la estrategia integral del Gobierno Federal para combatir esta amenaza a la salud de las familias mexicanas.