* Mtra. Irene Espinosa Cantellano, Tesorera de la Federación

En estos tres años de gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado un paquete de reformas estructurales que, gracias al aval del Congreso, van a cambiar la posición y el sitio de México en el mundo, así como la vida de las familias mexicanas. Un principio básico que atraviesa y marca a cada una de estas reformas es el compromiso del Gobierno de la República con un manejo responsable de las finanzas públicas, sobre todo ante el complejo entorno internacional actual. Es por ello que, atendiendo una exigencia más allá del objetivo de reducir el déficit público, este año el Ejecutivo sometió al H. Congreso un paquete económico que integra una serie de iniciativas que resultan de un análisis minucioso y que tiene como objetivos fortalecer las fuentes de ingreso del Gobierno, hacer más con menos y mejorar el impacto y la calidad del gasto. Bajo esta nueva realidad, una pieza fundamental del rompecabezas es la institucionalización de mecanismos que aseguren un manejo eficiente y transparente de los recursos financieros del Gobierno Federal y que coadyuve a la rendición de cuentas a la que está comprometido el Estado Mexicano. Es en este último ámbito en el que se enmarca la propuesta de iniciativa para emitir una nueva Ley de Tesorería.

La función de tesorería es una actividad inherente a la existencia del Estado, y consiste en administrar los fondos de la nación derivados de las contribuciones de los ciudadanos así como de ejecutar el pago de los gastos del Gobierno por la provisión de bienes y servicios que a través de los programas gubernamentales buscan atender y satisfacer las necesidades de la población. Esto significa que la Tesorería es un actor central en el ciclo hacendario, ya que debe administrar la liquidez y establecer los mecanismos para recibir los ingresos y ejecutar los pagos del Gobierno.

Hoy nuestro país cuenta con un marco legal robusto sustentado en un andamiaje jurídico que cubre debidamente el ciclo hacendario, desde la planeación hasta la rendición de cuentas. En materia de Tesorería, si bien contamos con la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación (LSTF), ésta no se ha actualizado desde 1985, mientras que en el transcurso de estos treinta años se observaron cambios prácticamente inimaginables en la dinámica recaudatoria, en los medios de pago, en el funcionamiento del sistema financiero, en la tecnología y en la organización de la administración pública. Para adaptarse a este nuevo entorno, en este período la Tesorería ha realizado cambios sustanciales en la manera de operar.

¿Por qué una nueva ley? El alcance inicial de la LSTF ha sido ampliamente superado, y los cambios realizados en la forma de operar son de tal magnitud que difícilmente podrían quedar comprendidos en una modificación o reforma a la Ley vigente. Es por ello que la iniciativa de Ley se centra en: i) eliminar funciones y atribuciones que competen a otras instancias de la administración pública federal o que son obsoletas, ii) precisar e incorporar funciones y atribuciones que no se encuentran debidamente definidas en la ley vigente y ii) compilar disposiciones que se encuentran en otros ordenamientos y que sustentan la actual forma de operar de la Tesorería. Plasmar estos principios a nivel de una nueva Ley de Tesorería no sólo es necesario para brindar certeza jurídica al adecuar el marco legal a la forma actual de operar, sino que refleja el compromiso del Gobierno de la República con la eficiencia, transparencia y control en el manejo de los recursos públicos. 

¿Cuáles son los cambios que ha emprendido la Tesorería, se ha modificado su mandato? Las funciones sustantivas de tesorería se mantienen, lo que ha variado ha sido la forma en que éstas se llevan a cabo, básicamente nuestra Tesorería pasó de ser una “caja pagadora” a una “administradora de los fondos del Gobierno Federal”. Esto significa que transitó de una administración descentralizada en la que las actividades para recibir la recaudación y los pagos asociados al ejercicio del gasto estaban a cargo de las secretarías, a un esquema centralizado, en el que la Tesorería recibe directamente en cuentas bancarias de la propia Tesorería los recursos que recauda, y al mismo tiempo, realiza los pagos que las mismas secretarías le instruyen y que se depositan directamente de manera electrónica en las cuentas bancarias de los beneficiarios finales (proveedores, nómina de servidores públicos, pensionados y beneficiarios de programas sociales). 

Esto ha permitido al Gobierno Federal concentrar en la Tesorería los recursos financieros disponibles, evitar saldos ociosos en múltiples cuentas bancarias de las dependencias, y con ello obtener mejores condiciones sobre las inversiones de los saldos líquidos del Gobierno. Asimismo, el Gobierno Federal cuenta hoy con mayor conocimiento y precisión en cuanto al ejercicio del gasto (cuándo y cuánto se paga y por qué conceptos); promueve la inclusión financiera de los beneficiarios de los pagos del Gobierno, lo que permite una mayor transparencia ya que todas las operaciones se realizan de manera electrónica. Este conjunto de mecanismos se encuentran comprendidos en lo que denominamos el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT), que constituye la columna vertebral operativa de nuestra Tesorería. 

Para poner en perspectiva el impacto de estos cambios, resulta relevante mencionar que por el lado de la recaudación, desde la implementación del esquema CUT se han generado ahorros por alrededor de 3 mil millones de pesos, y éste es autofinanciable, ya que las tarifas que se pagan a la banca por servicios de recaudación se cubren con los intereses que generan las propias cuentas. Por el lado de los pagos, antes de la implementación de la CUT la Tesorería realizaba anualmente 1.5 millones de operaciones para transferir los recursos del presupuesto a las cuentas bancarias de las dependencias; en 2014 la Tesorería ejecutó 84 millones de pagos instruidos por las dependencias, que fueron abonados directamente en cuentas de los beneficiarios; dichas operaciones constituyeron más de una tercera parte (35%) de las operaciones que transitaron a través del sistema de pagos nacional SPEI, proporción que, comparada con el 17% de la institución financiera que genera mayor volumen en el sistema, destaca la relevancia de las operaciones que realiza la Tesorería en el sistema financiero nacional.

Estas cifras muestran que a lo largo de estos años la Tesorería se ha venido preparando con procesos fortalecidos apoyados en las tecnologías de la información, que han permitido atender de manera segura una tasa de crecimiento promedio anual de 90% en los últimos 7 años. Es de destacar que estos resultados no habrían sido posibles sin el SPEI que administra el Banco de México, que por sus características técnicas así como el respaldo normativo en que se sustenta, es un medio seguro, rápido y confiable que constituye una pieza fundamental en el proceso de transformación de la TESOFE hacia una tesorería moderna, y que hoy es un referente por sus buenas prácticas.