Ciudad de México, 27 de abril de 2016.

Con el permiso del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto.

Es un gusto saludarles a todos y darles la bienvenida a Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.

Saludo a los integrantes del presídium, a los distinguidos invitados, muchas gracias por estar aquí.

El día de hoy culmina un largo proceso, para agregar a nuestro sistema de coordinación fiscal y a la arquitectura financiera del país, una pieza fundamental que hacía falta, para dotar de certidumbre, de transparencia y de responsabilidad a nuestro sistema hacendario.

Hoy llegamos aquí tras haber recorrido un largo camino, y en cierto sentido, está la promulgación por parte del Presidente de la República de esta ley, cierra o concluye, por lo menos, tres procesos a lo largo del tiempo.

El primero, es el que inició el primero de diciembre de 2012, aquí en Palacio Nacional. En su discurso con motivo de la toma de posesión, el Presidente de la República anunció trece decisiones.

Una de ellas, la número once, decía lo siguiente: la deuda de algunos estados y municipios, ha llegado a niveles inaceptables, lo que pone en riesgo las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones, dijo el señor Presidente en ese discurso.

Con el objeto de encontrar una solución inmediata, había de presentarse una iniciativa al Honorable Congreso de la Unión, en materia de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y municipios.

Al día siguiente, al anunciarse el Pacto por México, firmado por el Presidente de la República y los dirigentes de las principales fuerzas políticas del país, en el compromiso 68 de dicho instrumento de acuerdo político, se señaló: se expedirá una Nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios, regulando la fuente de pago y a las garantías de la Federación, para el endeudamiento subnacional.

Hoy, tras un proceso político intenso, tras un análisis técnico, cuidadoso, culmina el proceso legislativo. Este es un proceso legislativo en el que participaron ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en las legislaturas LXII y LXIII.

Quiero hacer el más amplio reconocimiento desde la Secretaría de Hacienda, a senadoras y senadores de la República; a diputadas y diputados, tanto de la LXII como de la LXIII Legislatura que han hecho posible, en primer lugar, la reforma constitucional que fue promulgada por el Presidente de la República el año pasado, y hoy la promulgación de esta ley.

¿Por qué México necesita un marco de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en la materia específica de deuda pública de las entidades y municipios? Es importante señalar que México no tiene un exceso de endeudamiento subnacional.

La deuda agregada de los estados y municipios, representa el 3.1% del Producto Interno Bruto. Esta cifra, si la comparamos con la de otros países, es claramente una cifra baja; por ejemplo, en Estados Unidos esta cifra representa el 17.9%; en Brasil es el 12.4%; en Argentina es el 7%.

El hecho de que en México sea solamente 3.1%, nos debe de dar a todos una tranquilidad fundamental, que hoy la deuda de los estados y municipios no representa un riesgo macroeconómico para el país.

Sin embargo, hay dos consideraciones por las cuales resultaba imperioso establecer un mejor marco para el control y transparencia de la deuda de los estados.

En primer lugar, porque si bien hoy en día tenemos un nivel bajo, tuvimos una tasa acelerada de crecimiento de la deuda de los estados y municipios a partir del año 2008. Con la crisis financiera global de aquellos años, y la consecuente caída de los ingresos de los estados y municipios se presentó una acelerada tendencia de endeudamiento.

En 2008, la deuda de los estados y municipios era de apenas 203 mil millones de pesos. Para 2013 esta deuda ya era de 482 mil millones de pesos; es decir, se advertía una tendencia al inicio de la administración en el incremento acelerado de la deuda, todavía a niveles bajos comparados internacionalmente, pero sin duda, la tendencia era ya una llamada de atención.

Y en segundo lugar, hay un conjunto de entidades que representan altos niveles de endeudamiento. Existen hoy en día seis entidades federativas cuya deuda representa más del 130% de sus ingresos por participaciones federales.

Sin duda, estos casos, que si bien no ponen en riesgo la sustentabilidad macroeconómica del país en su conjunto, representan un reto importante para la debilidad de las finanzas públicas en las entidades correspondientes.

Por lo tanto, el Congreso de la Unión puso manos a la obra. Hay que recordar que esta es una iniciativa que surge del trabajo, particularmente en el Senado de la República, de los distintos grupos parlamentarios que presentaron diferentes iniciativas, y que después –y habrán de recordarlo aquí los muchos legisladores aquí presentes--, hubo un intercambio no siempre sencillo entre las Cámaras del Congreso de la Unión, pero a final de cuentas hemos llegado a final del camino, y hoy tenemos la ley reglamentaria de aquella reforma constitucional que permite establecer certidumbre, transparencia, y algo muy importante, límites objetivos al exceso de endeudamiento en los estados y municipios.

Éste proceso también culmina algunas de las modificaciones muy importantes que se han hecho bajo el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto en esta administración con respecto al fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas.

Hay que recordar que como parte de la Reforma Hacendaria, por ejemplo, se creó el nuevo fondo del ISR que hace participables los impuestos retenidos a los trabajadores de los estados y municipios al 100%, dando un fortalecimiento considerable a las entidades federativas; se han logrado transferir ya en el año pasado más de 50 mil millones de pesos adicionales a los estados y municipios.

O la creación en la reforma energética del Fondo, un nuevo fondo para los estados productores de hidrocarburos, el cual implicó la entrega de tres mil 400 millones de pesos adicionales para los estados productores de hidrocarburos el año pasado.

Se han mejorado las reglas, se han dado más certidumbre a las reglas, por ejemplo, para el establecimiento del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, lo cual ha permitido este año ya transferir más de 10 mil millones de pesos adicionales a las participaciones federales a los estados.

Este fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios, un crecimiento de más del 4.5% en promedio cada año en las participaciones federales de los estados, por encima del crecimiento de la economía, pone en evidencia el evidente compromiso del Presidente de la República y del Congreso de la Unión, por fortalecer las finanzas públicas de los estados y los municipios.

Pero este fortalecimiento tiene que venir de la mano de un marco apropiado de disciplina y responsabilidad financiera, y esto es lo que hoy se logra con la promulgación de esta Ley.

Finalmente, me quiero referir a un proceso más amplio, a un proceso que empieza en 1995 con la crisis económica que vivió nuestro país en aquel momento, que implicó, al igual que para muchos deudores, deudores hipotecarios, empresas, también implicó una crisis en el endeudamiento de los estados y los municipios.

En aquel entonces se llevó a cabo un programa de rescate financiero de los deudores, estados y municipios, que implicó la conversión de las deudas a UDIS, y que detonó un proceso de reforma al mercado de deuda de estados y municipios.

Se modificó el reglamento del artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal a principios de la década pasada, inició un mercado de emisiones bursátiles, se utilizaron nuevas fuentes de pago adicionales a las participaciones federales, como es el impuesto a la nómina, o incluso ingresos municipales para crear un nuevo mercado de deuda de estados y municipios.

Este mercado, sin embargo, se puso a prueba a partir de la crisis económica global de 2008, y derivó en una muy clara tendencia de exceso de endeudamiento en algunas entidades, que puso en evidencia que el sistema necesita no solamente definir mecanismos apropiados para definir la fuente de pago y dar certidumbre a los acreedores, sino que también requiere controles; controles específicamente en los montos de endeudamiento y en la transparencia con la que se informa la naturaleza del endeudamiento a los estados y los municipios.

Hoy, al promulgarse la Ley por parte del Presidente de la República, hacemos un compromiso como autoridad competente para ejercer esta nueva Ley.

Ejerceremos señor Presidente, conforme a sus instrucciones, la Ley a plenitud, y lo haremos de la mano, haciendo equipo con los estados y los municipios, para construir un mejor marco hacendario y un mejor futuro para las próximas generaciones.

Muchas gracias y muchas felicidades.