Puebla, Puebla.- El Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, convocó a los contralores estatales a integrar cuidadosamente los expedientes para aplicar las sanciones a los servidores públicos que se apartan de las normas y evitar que los asuntos se caigan en tribunales.

Al inaugurar la VII Reunión Nacional de Contraloría Social y en su calidad  de Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F),   recalcó que se deben tener los elementos suficientes para imponer castigos, ya que es preferible que se critique por no sancionar, que aplicar correctivos carentes de sustento que al final se pierden en las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Acompañado por la Coordinadora Nacional Suplente “A” de la CPCE-F y Contralora General de Baja California Sur, Maritza Muñoz Varga; el Secretario de la Contraloría del estado de Puebla, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y el Director General de Transparencia Mexicana,  Eduardo Bohórquez, Olivas Ugalde manifestó su convicción para que en la 7a reunión nacional se logren conclusiones dirigidas a fortalecer  la cultura de la legalidad, la  transparencia y la rendición de cuentas, toda vez que se trata de temas fundamentales en la agenda de todo gobierno que se asuma como democrático y que busque mejorar la atención a la ciudadanía.

En su oportunidad, Maritza Muñoz Vargas coincidió en que se tomarán decisiones para fortalecer la labor de los contralores y asegurar con ello, un ejercicio gubernamental que rinda cuentas puntuales.
 
Subrayó la necesidad de que gobernante y gobernados, de manera coordinada, evalúen las políticas  públicas, que los recursos se apliquen con oportunidad y que se utilicen precisamente  en programas específicos dirigidos al bienestar colectivo.

Por su parte, Alfredo Hemmer indicó la necesidad de vigilar que los dineros públicos se manejen de manera correcta, al tiempo que se pronunció por emprender medidas que alienten una mayor participación ciudadana en las decisiones fundamentales.

Asimismo, señaló que se requieren de acciones para modernizar y fortalecer a las contralorías sociales, lo que permitirá evitar que los funcionarios incurran en conductas indebidas.

Cabe señalar que, en México, la contraloría social surgió hace 23 años; en 2013, se contó con 27 mil 251 comités registrados a nivel nacional, integrados por 123 mil 842 beneficiarios de programas de desarrollo social.

El responsable de la SFP recordó que existen propuestas para crear tribunales especializados en aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos que se aparten de las normas legales, lo cual sería conveniente de analizar ahora que en la Cámara de Diputados se analiza una minuta enviada por el Senado para crear un nuevo organismo anticorrupción.

A la sesión inaugural asistieron también por parte de la SFP, el Subsecretario de Control y Auditoría  de la Gestión Pública, Raúl Sánchez Kobashi, el Titular de la Unidad de Operación Regional de  la Contraloría Social, Francisco Antonio Ordaz Hernández, y el nuevo Coordinador de la Contraloría en el estado de Michoacán, Gabriel Montiel Aguilar.