La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana para la rendición de cuentas con base en el acceso a la información, necesaria como alternativa de empoderamiento de los beneficiarios e imprescindible para la construcción de una ciudadanía activa y vigilante del adecuado uso de los recursos públicos. Con el propósito de asegurar la incorporación de la contraloría social, la Ley General de Desarrollo Social establece la obligatoriedad de implementarla en la operación de los programas de desarrollo social.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, el 28 de octubre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, definiendo las bases para la promoción, operación y seguimiento de la Contraloría social, mismos que son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo programas de desarrollo social.