La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), también conocida como la Convención de Mérida, por haber sido adoptada en esa ciudad de México, en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones requeridas. Actualmente, se integra por 126 Estados miembros y sus objetivos son:

  • Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes.
  • Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción.
  • Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

En este sentido, la Convención reconoce que una función pública eficiente y transparente es la base de un buen gobierno. Asimismo, indica que para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que sus normas sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de estrategias en la materia.

Otro aspecto novedoso de la Convención radica en el tratamiento que otorga a los fondos provenientes de actos de corrupción desviados de los erarios públicos nacionales a terceros países. La recuperación de activos es fundamental, ya que estos fondos son propiedad del Estado y es indispensable su reincorporación a los países de los que fueron sustraídos, lo que obliga a los Estados Parte a brindar mayor cooperación para prevenir y detectar movimientos de fondo.

MECANISMO DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE MÉRIDA

En 2011, México evaluó a Brasil, en el primer año de vida del Mecanismo. En este sentido y tras la experiencia de México como país evaluador destaca que uno de los principales obstáculos que se deben superar es la extensión de los procesos de revisión. Por ello, es importante encontrar fórmulas que permitan ajustar los tiempos en cada una de sus etapas, sobre todo, en la designación de los Puntos Focales de los Estados analizados, en las respuestas a la Lista de Autoevaluación y en las traducciones de los documentos.

Durante el tercer periodo de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas, realizado en junio de 2012 se definió que México será evaluado por Perú y Azerbaiyán.