se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados -  principios que deben ser observados, entre otros, en los procedimientos de contratación pública-, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha implementado diversas medidas:

1. Registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas (Registro).

La SFP estableció un mecanismo para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la Procuraduría General de la República y la Oficina de la Presidencia de la República identifiquen y clasifiquen el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que participan en las actividades en las que pudieran presentarse conflictos de interés, respecto de las siguientes materias:

  • Contrataciones Públicas: se contemplan aquéllas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP);
  • Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: comprende los regulados por las diversas disposiciones jurídicas de carácter federal que otorgan las dependencias de la APF;
  • Enajenación de bienes muebles: que incluyen los actos traslativos de propiedad de los bienes muebles de la federación y de las entidades paraestatales conforme a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN);
  • Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas: comprende únicamente los que son competencia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El mecanismo a través del cual se lleva cabo dicha identificación y clasificación es el Registro.

En materia de contrataciones públicas, en el Registro se identifican a todos los servidores públicos de las instituciones públicas que intervienen en las contrataciones públicas, independientemente de si pertenecen al área contratante, requirente o técnica –tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios- o bien, al área responsable de la contratación, requirente, técnica o al área responsable de la ejecución de los trabajos -tratándose de obras públicas y servicios relacionados con las mismas-.

El Registro es permanente y se actualiza de manera continua conforme a los procedimientos y el calendario de envío y recepción emitido por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.

Corresponde a los oficiales mayores o equivalentes de las instituciones públicas coordinar las acciones necesarias para identificar y clasificar la participación de los servidores públicos y su registro, conforme a la  Guía para la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos de la Administración Pública Federal

 

2. Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones (Protocolo de actuación).

Los servidores públicos inscritos en el Registro, en su contacto con los particulares, así como los que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, en su trato con los superintendentes de construcción, deben observar los lineamientos generales establecidos por la SFP en el Protocolo de actuación

 

3. Guía para identificar y prevenir conductas que puedan constituir conflicto de interés de los servidores públicos.

La presente Guía es un marco de referencia para orientar el cumplimiento de determinadas obligaciones del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y se emite por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.