Sacar a niñas y niños de las escuelas para llevarlos a marchas magisteriales, práctica reprobable
Las autoridades estatales presentarán denuncias por violación a los derechos de las niñas y niños

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condena categóricamente la práctica ilegal e inmoral que en los últimos días ha venido realizando la CNTE en diversos estados del país, al sacar por la fuerza a niñas y niños de entre 3 y 10 años de edad de los jardines de niños y primarias para colgarles pancartas en el cuello y usarlos en las marchas que realizan integrantes de esa organización.

Dichas conductas abusivas, contravienen claramente lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, en su artículo 1º impone la obligación de reconocer que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, y por lo tanto las autoridades deberán actuar para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

En ese sentido, la SEP estableció hoy mismo un mecanismo de coordinación tanto con las autoridades educativas estatales como con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, al amparo de dicho ordenamiento y de otros que resulten necesarios, se hagan las denuncias correspondientes en contra de aquellos trabajadores del servicio educativo que hayan violado la Ley General referida.

Destaca en particular que, de conformidad con el artículo 148 de dicha ley, se consideran infracciones a la misma los actos que cometan servidores de las instituciones educativas cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas “propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes”.

Lo anterior, sin perjuicio de que persigan las conductas ilícitas que otros ordenamientos penales tipifiquen, así como los de carácter laboral, pudiendo llegar incluso al cese inmediato de los infractores.