La Reforma Educativa impulsada por el Presidente de la República está encaminada a contribuir a contar con mayores condiciones de equidad entre los mexicanos, enfatizó el Secretario de Educación Pública durante su participación en la reunión “Desafíos educativos de América Latina hacia el 2015 y post 2015”, en el marco de la 37 Asamblea de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se lleva a cabo en París, Francia.

Ello, debido a que el Sistema Educativo Mexicano está lleno de logros y retos: por un lado existen alrededor de 235 mil escuelas de nivel básico en todo el país, pero muchas tienen deficiencias de infraestructura y de mobiliario; se reparten 238 millones de libros de texto gratuitos pero sigue habiendo niños sin asistir a la escuela primaria; tenemos casi dos millones de docentes, pero están llenos de tareas administrativas; entre otros aspectos.

Ante secretarios, ministros y viceministros de educación de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Costa Rica, Chile, España y Uruguay, el Titular de la SEP aseguró que consciente de dichos retos, el Presidente de México promovió cambios constitucionales y legales para cimentar una educación de más calidad y con equidad, cuyos resultados se verán en el largo plazo.

Para el Secretario se debe educar a todos y con mejor calidad. En ese sentido, agregó que la igualdad es, además de eliminar privilegios, el reconocimiento de lo diverso y el ánimo incluyente para remover los obstáculos para alcanzarla. La equidad generará nueva y mayor educación y por ende más igualdad y condiciones de desarrollo.

Explicó que la Reforma Educativa se desarrolló en dos etapas. La primera, inspirada en los principios de calidad y equidad, por lo que se modificó la Constitución para elevar a dicho rango esas condiciones. Estas modificaciones tuvieron el apoyo de los principales partidos representados en el Congreso de la Unión.

La segunda fase expidió la legislación secundaria para crear tres sistemas: el primero, el de ingreso, estancia, permanencia, reconocimiento y ascenso de los maestros, que se llevará a cabo por medio de un concurso de oposición para acompañar y revalorar el papel de los maestros en su desempeño profesional.

El sistema nacional de evaluación, que estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo autónomo que determinará perfiles de maestros, estructuras ocupacionales, preparará a los evaluadores y conducirá los concursos de ingreso y promoción en el servicio docente, entre otros aspectos.

Y un tercer sistema, relativo a programas específicos para mejorar el entorno de la enseñanza. En ese sentido, se duplicó a 15 mil 349 planteles el programa de Escuelas de Tiempo Completo, con jornadas de hasta 6 horas para primaria y 8 para secundaria, con el fin de incrementar las condiciones de acceso al conocimiento y desarrollo de competencias para aprender a aprender, a ser y a convivir.

El programa de Escuela Digna busca garantizar los servicios básicos y equipamientos de planteles ubicados en las zonas marginadas e indígenas.

Adicionalmente se han otorgado becas a más de 8 millones de estudiantes en todos los niveles educativos; se ha dotado de computadoras portátiles a 240 mil estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y se han distribuido más de 5.9 millones de libros para atender las necesidades de la educación indígena.

Agregó que la educación indígena no debe limitarse en el bilingüismo, por lo que en México se han implementados los modelos de la interculturalidad de otros países para garantizar la preservación de las diversas culturas.

Aseguró que el camino de la Reforma Educativa en México no es fácil porque existen resistencias a los cambios, pero se mostró confiado de que la libertad de pensamiento para compartir experiencias exitosas en distintas regiones del mundo y la convicción por una mejoría permanente, contribuyan a concretarla.

Para finalizar su exposición, aseguró que en la actualidad se debe entender a la educación desde la perspectiva del interés superior de la infancia y, por ello, aquellos derechos que pudieran verse cuestionados por la Reforma Educativa deberán ponderarse bajo ese principio.