¿Qué hacemos?

Con un firme impulso al uso eficiente de la energía y a la investigación y desarrollo tecnológicos; con amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía; y con seguridad de abasto.

Historia

Uno de los primeros intentos por constituir la administración pública en el país se da con la publicación, el 8 de noviembre de 1821, del Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, mediante el cual se crearon cuatro Secretarías de Estado:

Justicia y Negocios Eclesiásticos, Guerra y Marina, Hacienda, así como Relaciones Interiores y Exteriores, delegando a esta última facultades para la atención de todas las ramas económicas.

El 22 de abril de 1853 mediante el Decreto, se establecen las Bases para la Administración de la República hasta la promulgación de la Constitución, con el cual se creó la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, misma que detentó la autoridad para despachar, entre otros, los siguientes asuntos: formación de la estadística general de la industria minera y mercantil, las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industriales y mercantiles, y las exposiciones públicas de productos de la industria minera.

En 1917 con la expedición del Decreto publicado por la Presidencia de la República, el día 31 de marzo se da origen a la Secretaría de Industria y Comercio, con atribuciones para el despacho de los asuntos relacionados con el comercio, industria en general, cámaras y asociaciones industriales y comerciales, enseñanza comercial, minería, petróleo, propiedad mercantil e industrial, estadística minera, entre otros.

El 7 de diciembre de 1946, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado creó la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa con la finalidad de atender los asuntos relacionados con la custodia y salvaguarda de los bienes nacionales.

Debido al incremento de las actividades económicas del país y de conformidad con las reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958, la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa se convierte en la Secretaría de Patrimonio Nacional (Sepanal), con las mismas funciones, así como con las relativas a la organización, reglamentación, control y vigilancia de las Juntas Federales de Mejoras Materiales. Así mismo, se le confieren las funciones referentes a la posesión, vigilancia, conservación y/o administración de los bienes de propiedad originaria del Estado, mismos que constituyen los recursos naturales renovables y no renovables.

Con fecha 13 de marzo de 1959 se constituye la Junta de Gobierno de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, área administrativa del titular del ramo que asume las funciones de la Sepanal, en lo relativo al control, vigilancia y coordinación de organismos descentralizados y entidades paraestatales.

Posteriormente, el 25 de agosto del mismo año, se publica el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para definir con precisión todo aquello que se relaciona con la industria petrolera y delimitar el campo de acción reservado de forma exclusiva a la nación, así como aquellos campos en los que podían intervenir los particulares y los procedimientos para la obtención de los permisos y autorizaciones respectivas; estás funciones se encargaron a un organismo consultivo denominado Comisión Petroquímica Mexicana.

Con la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, se abroga la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Esta nueva Ley crea la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin), que conserva entre otras atribuciones la posesión, vigilancia, conservación o administración de los bienes de propiedad originaria, mismos que constituyen recursos naturales no renovables.

Posteriormente y según lo dispuesto en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 1977, a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial se le adscribieron para su coordinación las industrias que en el ramo eran parte de la Subsecretaría de Patrimonio Nacional, la cual posteriormente se transformó en la Subsecretaría de la Industria Paraestatal. En lo general la Dependencia se orientó a vigilar y dirigir la exploración, evaluación y explotación de los recursos patrimoniales del Estado.
De igual forma, mediante la participación del Titular de la Dependencia en los Órganos de Gobierno de los Institutos Mexicano del Petróleo, Nacional de Investigaciones Nucleares y de Investigaciones Eléctricas, se avocó a la coordinación y fomento de las actividades de investigación y desarrollo en materia de energía y petroquímica básica.

Con fundamento en las reformas y adiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas por el H. Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1982, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial se transformó en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (Semip), acción que formó parte del proceso de modernización administrativa emprendida por el Ejecutivo Federal, quien consideró necesario lograr un mayor grado de especialización en el área de energéticos, de la minería y de la industria básica y estratégica.

La nueva Semip, transfirió a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial las funciones relacionadas con el fomento industrial.

El día 28 de diciembre de 1994, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuesta por el Ejecutivo Federal y aprobada por el H. Congreso de la Unión, la Semip se transforma en Secretaría de Energía (Sener), y se le confiere la facultad de conducir la política energética del país, con lo que fortalece su papel como coordinadora del sector energía al ejercer los derechos de la nación sobre los recursos no renovables: petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear, así como el manejo óptimo de los recursos materiales que se requieren para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público; con objeto de que estas funciones estratégicas las realice el Estado, promoviendo el desarrollo económico, en la función de administrar el patrimonio de la nación y preservar nuestra soberanía nacional.

Para dar cumplimiento a las políticas y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000, en el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía y en el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995–2000, en el año de 1996 se definen acciones de reestructuración y redimensionamiento de la Secretaría, que son concretadas en las reformas y adiciones al Reglamento Interior, mismo que es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1997.

En el año 2001, los cambios en un mundo cada vez más globalizado incidieron en el rumbo de la economía de nuestro país e hicieron necesario modernizar y fortalecer la estructura de la Dependencia, con la finalidad de que respondiera a las nuevas tendencias mundiales y a las exigencias de una sociedad mexicana cada vez más participativa y demandante de mejores servicios.

El proceso de reestructuración buscó principalmente la especialización de la Secretaría en subsectores: hidrocarburos y electricidad, sin perder de vista el importante y necesario papel de la formulación de la política energética nacional. Ello se materializó en tres subsecretarías de estado y una oficialía mayor, y sus respectivas direcciones generales, descritas en el Reglamento Interior publicado el 4 de junio del 2001.

En el año 2003 se establecieron estrategias y acciones de reestructuración y redimensionamiento de la Secretaría, que dieron como resultado una estructura organizacional más plana y conforme a la política de austeridad presupuestal del Gobierno Federal. Dicha estructura se estableció en el Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del 2004.

Tiempo después, en 2012 se emitió  un nuevo reglamento que consideró cambios significativos al interior de la Secretaría, entre los cuales destacó la creación de áreas y la modificación de las facultades de los funcionarios. 

En diciembre de 2013, el Congreso aprobó un Decreto para  reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, así como la inclusión de 21 transitorios. Con ello, se dio inicio al mayor proceso de modernización del sector de los últimos ochenta años: la Reforma Energética.

Durante el año siguiente, se continuó la construcción del actual marco regulatorio con la publicación de  21 leyes secundarias, 24 reglamentos y 1 ordenamiento. Estos cambios dieron origen a un nuevo arreglo institucional que implicó la creación de un fondo y tres instituciones, el fortalecimiento de los órganos reguladores y la transformación de las empresas estatales de hidrocarburos y electricidad. 

Uno de estos cambios implicó la reestructuración al interior de la Secretaría de Energía, la cual  fue dotada de una organización más acorde a las nuevas atribuciones que le fueron otorgadas a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que quedaron plasmadas en el actual Reglamento Interior de la Institución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014.  



Organización sectorial 

México, al igual que los otros países del mundo, sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en el uso de energéticos. De esta forma, los recursos del país apoyan la industrialización y proporcionan bienestar a la sociedad. El sector energía tiene un papel decisivo en la vida nacional: generar electricidad e hidrocarburos como insumos para la economía y la prestación de servicios públicos, aporta importantes contribuciones a los ingresos fiscales y crea miles de empleos.

En 2013, bajo el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, se inició la más profunda transformación del sector energético de las últimas ocho décadas. Con ello, se reforzaron las facultades de planeación y la rectoría de la Secretaría de Energía, se crearon nuevas instituciones y se fortalecieron las ya existentes.

El actual marco regulatorio, otorgó una nueva naturaleza jurídica a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), convirtiéndolas en Empresas Productivas del Estado con autonomía presupuestal y de gestión, y libertad de asociarse con el sector privado para competir en igualdad de condiciones en los renovados mercados de hidrocarburos y de electricidad.  Asimismo, se crearon Consejos de Administración para conducir bajo las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo a ambas empresas.

Como parte del nuevo arreglo institucional, se estableció el Fondo Mexicano del Petróleo que se encarga de administrar los ingresos obtenidos por contratos y asignaciones de actividades de exploración y extracción de petróleo. Parte de estos recursos son destinados a un ahorro de largo plazo, y el resto son distribuidos en distintos rubros relacionados con la seguridad social, educación e infraestructura.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fueron dotadas de independencia técnica y de administración. Ambos órganos regulan la participación de las empresas públicas y privadas, y garantizan absoluta transparencia en los contratos, permisos y procesos de licitación para asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos.

Con la Reforma, también se establecieron dos organismos públicos descentralizados: el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y el Centro Nacional de Gas Natural (CENAGAS). El primero, se encarga de controlar la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y a partir de 2016, la del Mercado Eléctrico Mayorista. El segundo, tiene como principales funciones administrar y operar el sistema de transporte y almacenamiento de gas natural.

En materia de protección al entorno ecológico, se creó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que supervisa la seguridad industrial y regula la operación de las empresas petroleras para prevenir y reparar posibles daños al ecosistema.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE),  son responsables, en el ámbito de su competencia, de vigilar la seguridad nuclear, de la formación de técnicos y especialistas,  del desarrollo de tecnología e innovación y de la prestación de servicios que proporcionen elementos de alto valor agregado para el fortalecimiento de los sectores de hidrocarburos y electricidad.

Finalmente, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) promueve a través de la propuesta y  ejecución  de mejores prácticas de eficiencia, el aprovechamiento sustentable de la energía.

Evolución sectorial 

Dentro de este contexto, se procede a la instrumentación de cuatro líneas de acción de cambio estructural:

  • La primera la constituyen las actividades de depuración de la participación del Estado en la industria.
  • La segunda se orienta a modernizar la planta productiva en operación, propiedad del Estado.
  • La tercera se refiere a la incursión del sector público en nuevas ramas industriales o de desarrollo incipiente, en las que se requería el apoyo del Estado en términos de capacidad de inversión, de incorporación de desarrollo tecnológico y, en general, de fortaleza en las negociaciones con el exterior, en materia de mercados y de transferencia de tecnología.
  • La cuarta se encamina a la reorganización del sector público y la reorientación de su desarrollo para intensificar las relaciones con los sectores privado y social para fortalecer la economía mixta.

Derivada de la implantación de la primera línea de acción de cambio estructural, la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias se realiza a través de diversos procesos, como liquidación, fusión, transferencia a gobiernos locales y venta a los sectores social y privado. De esta forma la gran mayoría de las entidades paraestatales coordinadas por la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial inician un proceso de desincorporación que conllevó a un adelgazamiento del Estado.

El 29 de diciembre de 1982 se expide el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establece la sustitución de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), con objeto de delimitar de manera más especializada las áreas de los energéticos, la minería y la industria básica y estratégica.

El 3 de septiembre de 1982, se emite el Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores, a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal se relacionen a través de las secretarías de Estado o departamento administrativo; ello con la finalidad de hacer más eficiente su coordinación.

1988-1994

El Ejecutivo Federal establece los objetivos en cuanto a soberanía, democracia, bienestar de la población y crecimiento económico, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (Planade), mismo que considera lineamientos específicos que dan origen al Programa nacional de modernización de la empresa pública 1990-1994.

Este programa fortalece, impulsa y da continuidad al proceso de desincorporación de las entidades paraestatales no prioritarias ni estratégicas, con objeto de propiciar que los recursos económicos se orienten a actividades acordes con las reformas económicas globales.

El 24 de mayo de 1989 PMI Comercio Internacional, SA de CV, se constituye como sociedad anónima de capital variable. Se le encomendó la misión de contribuir a maximizar la rentabilidad y optimizar las operaciones de Pemex a través del comercio internacional.

El 16 de julio de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con la que la industria petrolera nacional se reorganiza. Derivado de ello, se crea un Corporativo que tendrá el mando estratégico general de la industria petrolera y cuatro empresas subsidiarias, encargadas de la operación técnica dentro de un esquema de colaboración unitaria y coordinada.

1942-1946


A partir de la década de los 40, la expansión de la empresa pública empieza a reforzar las bases del crecimiento industrial. En ese sentido, aparecen en 1942 Altos Hornos de México y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, y en 1943, Fertimex, como ejemplos representativos.

Hasta 1946, las atribuciones de custodia y salvaguarda de los bienes nacionales eran competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección de Bienes Nacionales. En ese mismo año, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado crea, el 7 de diciembre, la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, a la cual se le encomiendan las atribuciones antes descritas.

1958-1968


La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958 cambió la denominación de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa por Secretaría de Patrimonio Nacional (Sepanal), y le encomendaba, entre otros asuntos, poseer, vigilar, conservar o administrar los bienes de propiedad originaria, los que constituyan recursos naturales renovables y no renovables, incluso los de dominio público y de uso común, así como los de propiedad federal destinados o no a servicios públicos o afines de interés social o general.

Desde la década de 1950, y hasta los primeros años de la de 1980, la empresa pública adquiere un peso cada vez más importante que obedece, por un lado, a iniciativas originadas en el propio gobierno federal, como es el caso de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (1968), Astilleros Unidos de Veracruz (1979), Grupo Industrial nks (1979) y Fábrica de Tractores Agrícolas (1981), entre otros; y por otro lado, a un proceso de rescate de la planta productiva y el empleo en empresas privadas que enfrentan problemas de supervivencia. Como ejemplos de éstas se pueden mencionar a Siderúrgica Nacional (1961) y Grupo Dina (1982), como los más característicos.

El 26 de agosto de 1965 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo, con la finalidad de realizar investigación científica en materia de hidrocarburos, entre otros objetivos. El 12 de noviembre de 1968 se constituyó Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A., con el objeto principal de ejecutar toda clase de trabajos de exploración geológica, foto-geológica, de radioactividad y de topografía. Esto en apoyo a Petróleos Mexicanos, principal socio de la empresa.

1975-1979


El primero de diciembre de 1975, el Instituto de Investigaciones Eléctricas fue creado por decreto presidencial como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con carácter científico y tecnológico.

En los primeros 80 años de este siglo, la intervención del gobierno federal en la economía se incrementa y diversifica para producir bienes y prestar gestión administrativa en algunos sectores que así lo demandan. De esta manera, se desarrollan mecanismos administrativos tales como la descentralización y la desconcentración. Asimismo, se forman empresas de Estado con estructura de sociedades mercantiles o fideicomisos públicos.

En el gobierno del Presidente José López Portillo se considera necesario, por un lado, establecer el Programa de modernización y mejoramiento administrativo del gobierno federal que responda a las exigencias políticas, económicas y sociales de la Administración Pública Federal en esos momentos y, por otro lado, procurar una conformación que le permita cumplir con mayor eficiencia y eficacia con los requerimientos de la sociedad.

En este sentido, corresponde al titular del Ejecutivo, en primer lugar, emitir el 29 de diciembre de 1976 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. En segundo lugar, iniciar el Programa anual de reforma administrativa, y en tercero, estudiar y promover las modificaciones que fueran necesarias para llevar a cabo su implantación. De esta manera, se crea la Unidad de Estudios Administrativos que funciona como un órgano de apoyo en las acciones de reforma administrativa, y cuya atribución principal es estudiar y promover las modificaciones que deban hacerse a la administración pública, así como coordinar y evaluar su ejecución.

En coordinación con esta unidad, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto se encarga de someter a la consideración del Presidente de la República los proyectos de programas de acción de reforma administrativa que presentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (apf), así como las modificaciones a la estructura, bases de organización de las entidades paraestatales e iniciativas para fusionarlas, o bien para disolverlas y liquidarlas mediante decretos, acuerdos o resoluciones.

En dicha ley se determina que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafín) sustituya a la Sepanal, y se le encargan, entre otros asuntos, la coordinación y evaluación del sector industrial, del sector minero y del energético. Asimismo, se le atribuyen las siguientes facultades: asesorar técnicamente a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias, participar en la industria de transformación y en la industria eléctrica, proteger y fomentar la industria nacional, proponer el desarrollo de la industria pequeña y rural, así como regular la organización de productores industriales, promover y realizar la investigación técnico-industrial, estimular el desarrollo de los energéticos, regular la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, establecer y vigilar las normas y especificaciones industriales y, por último, intervenir en el desempeño de las industrias extractivas.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, publicada el 26 de enero de 1979 en el Diario Oficial de la Federación, determina la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, cuyo objetivo principal es planear y realizar la investigación y el desarrollo del campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

1982-1988


Durante la década de los 80, el país enfrenta una crisis económica que repercute en las finanzas del Estado. La escasez de recursos genera la necesidad de definir y ejecutar una política de redistribución, a cargo del gobierno federal, dirigida a las actividades estratégicas señaladas en la Constitución.

Ante este panorama, resulta necesario hacer una revisión a fondo de la participación del Estado en las actividades productivas, a efecto de ajustarlas a las circunstancias económicas derivadas de la crisis y a los nuevos retos de cambio estructural que plantea la APF. Esto requiere que el Estado intervenga de manera más directa, selectiva y eficiente en la actividad económica, con el concurso de los sectores social y privado para impulsar el crecimiento y desarrollo del país. Lo anterior en el marco de una economía mixta y bajo la premisa de distribuir en forma equilibrada las finanzas de la nación.

De esta manera, la reforma administrativa permite poner en práctica modificaciones globales, sectoriales e institucionales que se enfocan, entre otros aspectos, a la revisión y adecuación de las estructuras orgánicas y a los sistemas y procedimientos dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

El 14 de mayo de 1986, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado expide reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las cuales establece las figuras jurídicas bajo las cuales podrán organizarse las entidades paraestatales que a continuación se enuncian:

Organismos descentralizados: entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal, respectivamente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

  • Empresas de participación estatal mayoritaria: sociedades nacionales de crédito, sociedades de cualquier otra naturaleza, incluso las organizaciones auxiliares de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, siempre y cuando el gobierno federal aporte o sea el propietario de más de 50% del capital social.

  • Fideicomiso público: entidad paraestatal establecida por dependencias de la Administración Pública Federal, con el propósito de auxiliar al titular del Ejecutivo a impulsar áreas prioritarias de desarrollo.

También se procede a redefinir la participación de las entidades paraestatales en la economía del país, conforme a las prioridades de ese momento y de acuerdo con una visión a largo plazo con base en los requerimientos del proyecto nacional. Así, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 expresa en su contenido la necesidad de contar con una industria paraestatal capaz de competir a escala mundial y de aprovechar racionalmente los recursos de la nación para impulsar el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía.

 Dentro de este contexto, se procede a la instrumentación de cuatro líneas de acción de cambio estructural:

  • La primera la constituyen las actividades de depuración de la participación del Estado en la industria.
  • La segunda se orienta a modernizar la planta productiva en operación, propiedad del Estado.
  • La tercera se refiere a la incursión del sector público en nuevas ramas industriales o de desarrollo incipiente, en las que se requería el apoyo del Estado en términos de capacidad de inversión, de incorporación de desarrollo tecnológico y, en general, de fortaleza en las negociaciones con el exterior, en materia de mercados y de transferencia de tecnología.
  • La cuarta se encamina a la reorganización del sector público y la reorientación de su desarrollo para intensificar las relaciones con los sectores privado y social para fortalecer la economía mixta.

Derivada de la implantación de la primera línea de acción de cambio estructural, la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias se realiza a través de diversos procesos, como liquidación, fusión, transferencia a gobiernos locales y venta a los sectores social y privado. De esta forma la gran mayoría de las entidades paraestatales coordinadas por la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial inician un proceso de desincorporación que conllevó a un adelgazamiento del Estado.

El 29 de diciembre de 1982 se expide el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establece la sustitución de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), con objeto de delimitar de manera más especializada las áreas de los energéticos, la minería y la industria básica y estratégica.

El 3 de septiembre de 1982, se emite el Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores, a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal se relacionen a través de las secretarías de Estado o departamento administrativo; ello con la finalidad de hacer más eficiente su coordinación.

1988-1994


El Ejecutivo Federal establece los objetivos en cuanto a soberanía, democracia, bienestar de la población y crecimiento económico, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (Planade), mismo que considera lineamientos específicos que dan origen al Programa nacional de modernización de la empresa pública 1990-1994.

Este programa fortalece, impulsa y da continuidad al proceso de desincorporación de las entidades paraestatales no prioritarias ni estratégicas, con objeto de propiciar que los recursos económicos se orienten a actividades acordes con las reformas económicas globales.

El 24 de mayo de 1989 PMI Comercio Internacional, SA de CV, se constituye como sociedad anónima de capital variable. Se le encomendó la misión de contribuir a maximizar la rentabilidad y optimizar las operaciones de Pemex a través del comercio internacional.

El 16 de julio de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con la que la industria petrolera nacional se reorganiza. Derivado de ello, se crea un Corporativo que tendrá el mando estratégico general de la industria petrolera y cuatro empresas subsidiarias, encargadas de la operación técnica dentro de un esquema de colaboración unitaria y coordinada.

El 9 de febrero de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, cuyo objeto es prestar el servicio público de energía eléctrica que estaba a cargo de las compañías en liquidación: Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA y empresas filiales.

El 28 de diciembre de 1994 la SEMIP se transforma, por decreto, en Secretaría de Energía (SE) con atribuciones para conducir la política energética del país, efectuar la planeación de mediano y largo plazo.

En el gobierno del Presidente José López Portillo se considera necesario, por un lado, establecer el Programa de modernización y mejoramiento administrativo del gobierno federal que responda a las exigencias políticas, económicas y sociales de la Administración Pública Federal en esos momentos y, por otro lado, procurar una conformación que le permita cumplir con mayor eficiencia y eficacia con los requerimientos de la sociedad.

En este sentido, corresponde al titular del Ejecutivo, en primer lugar, emitir el 29 de diciembre de 1976 la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, en la que se establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. En segundo lugar, iniciar el Programa anual de reforma administrativa, y en tercero, estudiar y promover las modificaciones que fueran necesarias para llevar a cabo su implantación. De esta manera, se crea la Unidad de Estudios Administrativos que funciona como un órgano de apoyo en las acciones de reforma administrativa, y cuya atribución principal es estudiar y promover las modificaciones que deban hacerse a la administración pública, así como coordinar y evaluar su ejecución.

1995-2002
El 14 de junio de 1995, la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento dictamina favorable la creación de la entidad iii Servicios, sa de cv, cuyo principal objeto social es otorgar los servicios de administración y operación inmobiliaria a iii SA de CV (empresa tenedora de acciones), y a Pemex y sus organismos subsidiarios.

En 1996 se reorientó el proceso de desincorporación de la petroquímica no básica para atraer inversión a dicha industria. El proceso tiene su origen en 1992, pero fue retomado en 1995 bajo un marco jurídico diferente. Ello dio origen a la creación de siete empresas filiales petroquímicas: Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos, Cangrejera, Tula, Escolín y Camargo. Durante este periodo se mantuvieron los esfuerzos de desincorporación de entidades en el sector energía, lo que concretó la liquidación de Tetraetilo de México, SA (1997), y la venta de Distribuidora de Gas Natural del Estado de México, SA de CV (1998) y de Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. de C.V. (1998). Así, después de un crecimiento acelerado y de un importante proceso de desincorporación de empresas que dejaron de ser prioritarias para el Estado, el sector energía actualmente se conforma por las entidades paraestatales --No incluye a las siete filiales petroquímicas, que son coordinadas por Pemex Petroquímica (PPQ)--, que se presentan en el apartado Estructura del sector.

2003-2010

En 2008, debido a la caída de la producción petrolera y a la falta de tecnología para acceder a yacimientos petroleros más complejos, el sector se enfrentó a la necesidad de un cambio estructural. En dicho año, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Energética que incluyó la modificación y la expedición de diversas leyes encaminadas principalmente al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Reforma le otorgó a Pemex un nuevo régimen fiscal y contractual que le permitiera tener más libertad para gestionar su presupuesto y poder resolver con mayor flexibilidad los retos financieros y operativos de la empresa. Asimismo, se modernizaron los contratos de exploración y extracción y se le amplió el grado de autonomía para contratar servicios de proveedores particulares.

Se crearon nuevas instituciones como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el Consejo Nacional de Energía. De igual forma, se reconfiguró el Consejo de Administración de Pemex y se instalaron sus comités de apoyo.

Para impulsar la generación con fuentes limpias y la eficiencia energética, en 2008 se publicaron el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Programa de Sustitución de Electrodomésticos para el Ahorro de Energía. Éste último tenía como fin reemplazar refrigeradores y aires acondicionados antiguos por equipos ahorradores de energía.

En apoyo a la investigación del sector, se constituyeron los fideicomisos en hidrocarburos y para la sustentabilidad energética y se crearon el Fondo de Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el fideicomiso para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas mexicanos.

Un año después, en 2009 debido a la instabilidad financiera y a la inadecuada operación de Luz y Fuerza del Centro que impedía la inversión y la creación de empleos, el Gobierno Federal tomó la decisión de extinguir la empresa, para mejorar la eficiencia y productividad del sector y poder ofrecer servicio eléctrico de mayor calidad a todos los usuario del país.
 
2011-actualidad

Durante los siguientes años, la declinación de la producción petrolera continuó a pesar del considerable aumento en las inversiones, lo que condujo a la pérdida de competitividad en la industria petrolera mexicana. 

En materia de gas natural, la demanda de las plantas generadoras y la industria se incrementó. La falta de infraestructura para transportar este insumo desde Estados Unidos al interior de la República, provocó que en 2012 el Sistema Nacional de Gasoductos sobrepasara su capacidad de operación y se emitieran “alertas críticas” para racionalizar su consumo, provocando importantes pérdidas económicas y un considerable incremento en los costos de generación eléctrica.

Respecto a refinación y petroquímica, la producción nacional era insuficiente para abastecer el consumo nacional. En 2014, importamos el 54% de las gasolinas  y el 26% del diésel  que demandó el país, mientras que en petroquímicos, representó más del 65% en 2013.

En electricidad, los altos costos del  servicio y la falta de infraestructura contribuyeron a limitar el crecimiento de la economía. En 2013, las tarifas fueron en promedio 25% superiores en comparación con las de Estados Unidos, y 73% más altas si consideramos los subsidios que otorga el gobierno. 

Era urgente modernizar la industria energética mexicana.

Bajo el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, se emprendió la transformación más trascendente a los sectores de hidrocarburos y electricidad y que pondría fin a casi ochenta años de monopolio. La Reforma Energética inició su proceso en  diciembre de 2013, con la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y 21 transitorios.

En los meses de agosto y octubre del siguiente año se publicaron 21 leyes secundarias, 24 reglamentos y 1 ordenamiento; instrumentos regulatorios que fijaron las reglas para la creación y funcionamiento de los nuevos modelos de mercado.

La Reforma toma como principio la propiedad que el Estado mantiene sobre los recursos del subsuelo, y establece un nuevo marco jurídico e institucional que fomenta la competitividad del sector y permite la inversión de capital privado en casi todos los eslabones de la cadena de valor. 

En hidrocarburos, se establecieron reglas claras y transparentes que dan certeza jurídica a los inversionistas  y que garantizan la mayor utilidad al Estado. Empresas nacionales y extranjeras que cuenten con experiencia, capital y tecnología podrán participar en las rondas de licitación para explorar y extraer recursos de petróleo y gas, incluso en áreas geológicas complejas donde Pemex no ha podido acceder. 

Además, para el final del sexenio, con una inversión de cerca de 14 mil millones de dólares, habremos construido 10 mil kilómetros adicionales de gasoductos que formarán parte de un auténtico sistema de transporte de gas natural, que nos permita llevar este insumo a casi todo el país. Asimismo, con la participación de la iniciativa privada, se pondrán en operación nuevos proyectos de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas, y sus derivados, y a partir de 2016 iniciará la apertura gradual de las industrias de gasolina y diésel. 

En el sector eléctrico, se promueve la libre competencia entre empresas públicas y privadas en actividades relacionadas a la generación y comercialización de electricidad. A principios de 2016, iniciará operaciones el Mercado Eléctrico Mayorista, en el que grandes consumidores y generadores podrán realizar transacciones de compra-venta de energía, servicios conexos, potencia, certificados de energías limpias y derechos financieros de transmisión.

Para la modernización de las redes del sistema eléctrico nacional, los particulares podrán desarrollar en conjunto con CFE, proyectos para ampliar la capacidad de transmisión, mejorar la eficiencia en la distribución del servicio y reducir las pérdidas técnicas de electricidad.

La Reforma promueve la diversificación de la matriz energética a través del impulso de fuentes más limpias y eficientes. 

La CFE está modernizando su capacidad de generación, al construir nuevas plantas de ciclo combinado y reconvertir las termoeléctricas ya existentes para que utilicen gas natural, un combustible cuatro veces más barato que el combustóleo y 68% menos contaminante.  

Asimismo, se crean instrumentos e incentivos para incrementar el aprovechamiento del vasto potencial energético renovable del país: 1) los Certificados de Energías Limpias, que a partir de 2018, serán adquiridos de forma obligatoria por los participantes del mercado eléctrico; 2) la expansión de la red de transmisión que permitirá conectar con el centro del país, zonas con alto potencial para el desarrollo de proyectos de generación; 3) la deducibilidad inmediata del 100% de las inversiones en maquinaria y equipo para la generación con fuentes renovables o cogeneración eficiente; 4) la construcción de redes eléctricas inteligentes que permitirán incorporar tecnologías intermitentes a la líneas de transmisión y distribución; 5) La generación distribuida que reducirá los costos de la electricidad, al ser producida en pequeña escala y cerca de los centros de consumo, y 6) la publicación de la Ley de Energía Geotérmica que regula el reconocimiento, exploración y explotación de recursos térmicos del subsuelo, a fin de dar certidumbre a las inversiones.

El crecimiento del sector energético nacional demandará en los próximos años miles de técnicos y profesionales especializados en temas de hidrocarburos y electricidad. Para esto, de 2015 a 2018 se otorgarán 60 mil becas y apoyos para estudiantes de nivel técnico, medio, superior y posgrados, y se trabaja en el fortalecimiento de instituciones académicas para reconvertir carreras y acreditar certificaciones que avalen las habilidades de los especialistas. 

También estamos creando redes nacionales e internacionales para el desarrollo de investigación aplicada e innovación. Universidades y centros mexicanos de investigación tienen la oportunidad de participar activamente con otros sectores del conocimiento, en proyectos relacionados con el área energética.

La Reforma representa un paso decidido para colocarnos de forma competitiva en el panorama internacional energético.