La reforma de 2011 a la Constitución mexicana supuso un hito para la consolidación de los derechos humanos en nuestro país. Algunos juristas, como Juan N. Silva Meza, se refieren a ella como la más trascendental modificación a nuestra Carta Magna y la comparan con la de 1917, que incorporó por primera vez los derechos sociales.
A grandes rasgos, la reforma suprime el término garantías individuales para emplear el de derechos humanos. El cambio no es menor: significa que el Estado ha dejado de ser la figura que provee o “garantiza” los derechos. Con la reforma se reconoce que cada persona los posee de manera inalienable e intransferible, es decir, por el solo hecho de ser humano. En consecuencia, la relación con el Estado se invierte: ahora son las personas las que pueden exigirlos e incluso reclamarlos por la vía judicial.
Cuando el presidente Peña anunció en 2014 la publicación del Programa Nacional de los Derechos Humanos, dijo que todas las decisiones y actos de los funcionarios públicos debían garantizar los derechos humanos. No fue una instrucción sencilla. Ponerse los “lentes” de los derechos humanos obliga a los servidores públicos a pensar constantemente en el mejor derecho que les puede asistir a las personas y aplicarlo, independientemente del ámbito de su competencia.
La SEMARNAT ha capacitado a más de 5,300 funcionarios en la materia. Cada área administrativa de la dependencia cuenta, además, con un enlace encargado de orientar a sus compañeros sobre el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Ante un conflicto, el funcionario público deberá promover la conciliación entre las partes, aunque también podrá levantar una denuncia, si fuera el caso.
La semana pasada esta dependencia instaló la red de enlaces del sector ambiental. Y si bien una reforma como la de 2011 no puede implementarse de la noche a la mañana, la SEMARNAT ha hecho a sus funcionarios el siguiente encargo: cambiar la realidad de sus tareas cotidianas a través de la aplicación de los derechos humanos.