En cumplimiento con el Acuerdo de Solución Amistosa en el caso del señor Faustino Jiménez Álvarez, celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de la República realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano y ofreció una disculpa pública por violaciones a los derechos humanos de la víctima y su familia.

Ante la señora Enedina Cervantes Salgado, esposa de Faustino Jiménez; y sus hijos Julieta y Ricardo Jiménez Cervantes, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón García, reconoció la lucha de la familia por alcanzar la justicia y la verdad ante esta desaparición forzada.

En las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, la Subsecretaria dijo que por instrucciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “me comprometo a coordinarnos con el Gobierno del estado de Guerrero a efecto que se cumplan a la brevedad las reparaciones señaladas en este acuerdo de solución”, las cuales contemplan atención médica y psicológica, becas para los hijos, vivienda y proyectos productivos.

La funcionaria de la SEGOB señaló que el Gobierno de la República no tolerará casos en los que se presuma una desaparición forzada; por ello, el Presidente Enrique Peña Nieto estableció, desde el primer día de su gestión, la importancia del respeto y garantía de los derechos humanos. Asimismo, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Código Penal Federal referente a la desaparición forzada, con el objeto de armonizar el tipo penal con los tratados internacionales y recomendaciones de instancias internacionales.

Con esta acción, puntualizó la Subsecretaria Limón García, el Estado Mexicano honra su compromiso con el derecho que tienen las víctimas a la reparación integral del daño, como parte fundamental de la política de Estado en materia de derechos humanos, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Al presentar la disculpa pública en representación del Estado Mexicano, el Procurador General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, señaló que un caso como éste no debe quedar en el olvido, pues nada justifica la violación de los derechos de las personas ni la falta de aplicación de la justicia.

Agregó que con este acto se reafirma el interés y compromiso para lograr el pleno respeto a los derechos humanos, pero también para reconocer y corregir los errores.

En su oportunidad, el Subsecretario de Desarrollo Político del Estado, Misael Medrano Baza, destacó que el gobierno de la entidad está obligado a continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Faustino Jiménez, así como apoyar a sus familiares y cumplir con la reparación del daño.

Los hechos a los que se refiere este caso ocurrieron el 17 de junio de 2001, fecha en la que miembros de la Policía Judicial del estado de Guerrero llegaron al domicilio de la víctima y después de interrogarlo sobre el paradero de su patrón José Valle Álvarez, quien días antes fue secuestrado, se lo llevaron sin que a la fecha se conozca su paradero.

El 27 de septiembre de 2012, el Estado Mexicano, representado por autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero, suscribieron con la señora Enedina Cervantes, esposa de Faustino Jiménez, y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, un acuerdo de solución en el que se contemplan diversas medidas de reparación, entre las que se encuentra el reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.

En este acto estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo; el Director General de la Policía Ministerial del Estado, Marcos Esteban Juárez Escalera; el Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante de las víctimas, José Rosario Marroquín. Asimismo, acudieron funcionarios del estado de Guerrero y representantes de la Administración Pública Federal en la entidad e integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos.

BOLETÍN 489