Saludo a todas, a todos, de verdad es un gran honor el poder acompañarles, el recibirles en México, a nombre del Presidente Enrique Peña Nieto, a las y a los representantes de 16 países del Continente, responsables de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Saludar por supuesto a la Relatora Esmeralda, la Comisionada.

A representante de México UNICEF, Cristian.

Al experto en Sistemas Nacionales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Alejandro Morlachetti.

A Esteban de la Torre.

A Jorge Cardona.

A por supuesto quien ha puesto todo su empeño y créanme, una gran dinámica de entusiasmo para poder realizar este evento, que es Ricardo Bucio.

Él, déjenme platicar un poquito, yo, al inicio de este gobierno no tenía el honor de conocerle, estaba en un Sistema contra la Discriminación en nuestro país, al frente, un órgano autónomo, y dado su desempeño es que el Presidente le invita a estar en este nuevo sistema que como se ha mencionado aquí, efectivamente es nuevo en nuestro país, pero que también me da mucho gusto que se esté reconociendo el esfuerzo del Estado mexicano en algo que para nosotros es fundamental: las niñas, niños y adolescentes.

Saludar por supuesto a especialistas, a representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil.

Y también saludar a los funcionarios de los Sistemas Estatales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, de los diferentes estados de la República que nos acompañan.

Porque hablar de los derechos de las niñas y de los niños, es hablar de uno de los paradigmas de derechos humanos más importantes de nuestro tiempo.

Hacerlo, marca hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad, y que establece que aquello que debe de guiar nuestras acciones debe de hacerse, porque está por encima de cualquier otra consideración. Me refiero por supuesto al interés superior de la niñez.

Porque la infancia y adolescencia son etapas cruciales en la vida de cada persona, y lo son también, para el avance de cualquier nación.

Es ahí que comienza el desarrollo físico, mental y emocional, que se forman los primeros conocimientos y valores, y que se perfila el proyecto de vida que quieren para sí, y para su comunidad.

Y con ello favorecen el desarrollo de su país.

Por eso, protegerles y brindarles oportunidades que garanticen su desarrollo, es una obligación legal, pero ante todo, un imperativo ético.

Y por eso también es tan importante que gobierno y sociedad trabajemos juntos, para que ellas y ellos crezcan –como aquí lo han mencionado ustedes- en ambientes favorables y puedan ejercer a plenitud sus derechos. Porque la niñez de hoy, sí, es la ciudadanía de mañana.

De ahí que, como se ha mencionado, no podemos dejarlo que sea en la retórica; afirmar que lo que hagamos o dejemos de hacer hoy por las niñas, niños y adolescentes es y será determinante para el presente y futuro de cada uno de nuestros países.

En eso radica la relevancia de este encuentro, así como la importancia de la Declaración Conjunta de los participantes, respecto al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Porque si bien es cierto que hemos tenido avances desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, también lo es que son aún muchos los retos que tenemos por delante como países y como región.

Y así lo ha señalado y permítanme hacerlo también yo, lo hizo Fernando, de Uruguay, permítanme agregar un poco más, porque el más delicado, el más doloroso, es sin duda la desigualdad, que afecta con mayor fuerza a la niñez y a la adolescencia.

Y algo similar podemos decir de la migración, que ante el entorno internacional, nos exige establecer acciones comunes para proteger sus derechos en todo momento.

Y por supuesto, la violencia, que nos llama a encontrar mecanismos regionales para alejar y prevenir de este flagelo a la niñez y a la adolescencia.

Porque hay que decirlo: durante años, el enfoque de derechos para este grupo de población estuvo ausente de las políticas públicas, de los presupuestos, de las leyes y los mecanismos de planeación.

Y no se trata de algo menor, porque este enfoque es indispensable para revertir las condiciones de pobreza, de marginación e inseguridad que aún padecen en diferentes lugares de nuestro Continente.

Estamos hablando del destino de 195 millones de personas menores de 18 años de edad, que habitan en América Latina y el Caribe, de los cuales, 35 por ciento, es decir, 69 millones viven en pobreza.

Se trata principalmente de niñas y niños indígenas, afrodescendientes, así como de quienes habitan en zonas rurales o viven con alguna discapacidad.

Estamos hablando de  niñas, niños y adolescentes con sueños e inquietudes; pero, sobre todo, con el derecho a ser felices.

Con esta perspectiva fue que el Presidente Enrique Peña Nieto asumió como un compromiso de Estado la protección de este grupo de población.

Y como lo ha dicho Esmeralda, lo promovió, lo llevó a una iniciativa que en este país se llama Preferente, que quiere decir que es de la más alta importancia para el Gobierno de la República, la presenta así ante el Congreso Federal, para que en un término de 45 días se apruebe o se deseche. Así se manda esta iniciativa en este país, y fue aprobada, por cierto, por unanimidad de todos los integrantes del Congreso de la Unión, del Constituyente en nuestro país.

Y dentro de lo que lleva, como también lo ha dicho Esmeralda, es el que se presida al más alto nivel.

Esto quiere decir, por el propio Presidente de la República.

Su suplente, su servidor, el Secretario de Gobernación.

En los estados de la República, los gobernadores de las entidades, al más alto nivel, como debe de ser tomado este importante tema.

Una Ley que está vigente desde 2014, que establece un importante cambio de paradigma al reconocerles como sujetos de derechos.

Que contiene perspectiva de género, un enfoque de integralidad de las políticas, y una visión de corresponsabilidad, y que para hacerlos realidad incluyó la creación del Sistema Nacional de Protección Integral.

Se trata del proyecto más importante en la materia para México, en casi 40 años.

Dicho sistema, establece metas compartidas y articula los esfuerzos de las 32 entidades federativas, de los municipios y por supuesto de organismos autónomos y sociedad civil.

Porque su efectividad demanda la participación y corresponsabilidad de todas y de todos, y porque el interés superior de niños, niñas y adolescentes debe de estar por encima de cualquier otra consideración, me refiero particularmente a la política. Es un crimen poner este tema en acciones, en discusiones meramente políticas.

Por eso, además, por primera vez, niñas, niños y adolescentes participan vía consulta, en la definición de las mejores decisiones en favor de sus propios derechos. Hoy su voz se escucha y se toma en cuenta en este país.

Así, a año y medio de operación del Sistema, tenemos, y gracias por el reconocimiento, queremos ir hacia adelante con mayor fuerza, tenemos avances importantes.

Reconocemos que se ha venido trabajando por todas y todos los que han participado de una manera muy intensa, activa y permanente.

Hablo de estos pequeños avances. Hablo de la instalación ya de los 32 Sistemas estatales y de casi la mitad de los más de dos mil 400 sistemas municipales, así como de la creación de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y de las respectivas áreas regionales.

Hablo de la coordinación interinstitucional para articular programas, acciones, y algo de lo que se está comentando aquí reiteradamente, y presupuestos.

En particular, hoy estamos redoblando esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y la violencia contra este sector, así como para consolidar la justicia para adolescentes.

Además, México promueve importantes cambios en su legislación para desterrar prácticas como el matrimonio infantil, el embarazo a temprana edad y el castigo corporal, entre otras.

Y por supuesto, tenemos el reto y el compromiso de orientar mayores recursos en favor de niñas, niños y adolescentes.

Con la convicción de que el bienestar de la infancia y adolescencia, no es un gasto, sino una inversión. Una convicción que estoy seguro, compartimos todas y todos los que estamos aquí reunidos.

El reto fundamental que tenemos como región en materia de derechos de la infancia y adolescencia es traducir las leyes, los acuerdos internacionales y las políticas públicas en resultados concretos. Es ya un imperativo.

Resultados que se reflejen en la vida diaria de las niñas, niños y jóvenes.

Resultados que contribuyan a impulsar su desarrollo en un entorno de inclusión, respeto a su dignidad e igualdad de oportunidades.

Se trata de pasar del papel a la práctica. De que ninguna y ninguno se quede sin ir a escuela o con estudios truncos.

De que todas y todos reciban, desde temprana edad, la salud y atención médica que necesitan.

Y por supuesto, se trata de que sus familias, comunidades y gobiernos, siempre en coordinación, les brindemos las herramientas que requieren para forjar en libertad sus sueños y sus anhelos.

Aquí en México tenemos definidas nuestras acciones programáticas que nos ponen en la Agenda del 20/30.

Estamos trabajando para avanzar, quiero insistirles, con mayor prontitud en un tema que nos interesa como país, y que por supuesto nos interesa a todos, a todos los países de América.

Que sin duda es el objetivo que todos perseguimos: que los sueños y anhelos de las niñas y niños y adolescentes sean y se concreten a la brevedad posible, que haya justicia social y prosperidad para todas y para todos.

Lo que hagamos hoy en el presente por ellas y por ellos, se verá reflejado en nuestros países en el futuro.