A partir de la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la implementación de la Estrategia Nacional Antisecuestro, en 2014, y hasta 2016, se logró una disminución del delito de secuestro de 21 por ciento, respecto a los años 2011, 2012 y 2013, pues se registraron 943 secuestros menos.
Es decir, no solo se contuvo, sino se logró una tendencia a la baja gracias a la estrategia implementada por el Gobierno de la República.
Si bien desde 2008 el delito de secuestro presentó una tendencia creciente sostenida a la alza hasta 2013, fue en 2014 cuando se logró revertir esa tendencia, precisamente con la Estrategia Nacional Antisecuestro.
Lo anterior refleja que la estrategia ha funcionado; sin embargo, es preciso reconocer que el fenómeno persiste y exige redoblar esfuerzos en lo que corresponde a los gobiernos estatales.
El Gobierno de la República ha avanzado significativamente en la transparencia de registros del delito de secuestro mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que desde 2015 se hacen públicas las cifras del fuero común, atendidas por las Fiscalías y Procuradurías de los estados, y los casos que atiende la Federación, mediante la Procuraduría General de la República.
Además, en el marco de la Estrategia Nacional, cada estado cuenta actualmente con por lo menos una Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS), con personal especializado en distintas materias que se mantiene constantemente actualizado mediante el Programa Integral de Capacitación (PIC) implementado por la Conase.
A la fecha, en coordinación con las instancias del Gabinete de Seguridad, han sido capacitados 758 elementos de la Unidades Antisecuestro en los estados. Adicionalmente se ha dotado de equipo tecnológico a las entidades para su eficiente operación.
En la presente administración se han otorgado 1,697 millones de pesos de inversión a los estados para sus Unidades Antisecuestro (tan solo en 2016 se destinaron 347 millones de pesos para este efecto); sin embargo, en las entidades se han detectado casos de subejercicio o bien reprogramación de recursos para otros objetivos, lo cual no ha permitido obtener los resultados deseados.
El delito de secuestro es un flagelo que afecta no sólo a la víctima o sus familiares, sino que daña el tejido social. Algunos estados han registrado avances contra el ilícito; sin embargo, también es cierto que falta mucho por hacer para lograr el objetivo, que es llevar el delito a una incidencia cero.
El Gobierno de la República mantiene su compromiso de trabajar de manera coordinada con todas las entidades, tanto las que se mantienen sin registro de casos, como aquellas con tendencia a la baja y refrenda el llamado a la ciudadanía de denunciar este delito al número 088, de la Policía Federal.
Boletín No. 022/17