Durante los primeros años las reformas legislativas se concentraron exclusivamente en los códigos penales estatales. Conforme creció el interés en el tema, sobre todo en la asistencia y la protección a las víctimas, se inició un movimiento legislativo sin precedentes y, a partir de finales de 2008, se empezaron a crear leyes especiales, que además de sancionar, estaban dirigidas a prevenir el delito, brindar protección y asistencia a las víctimas y coordinar de forma interinstitucional acciones en materia de política pública.

Cuando se habla de asistencia y protección a las víctimas de trata, especialmente las mujeres, las niñas y los niños con necesidades y atención particulares, debe hacerse desde una perspectiva holística y de largo plazo, con un marco adecuado de políticas públicas en el que prevalezca la cooperación entre instituciones públicas y civiles, así como criterios de coordinación eficaces con gobiernos e instituciones de terceros países.