Implementar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 implica plantear una estrategia de articulación que involucre a los poderes del Estado.

La suma de esfuerzos es fundamental para construir una cultura de derechos humanos que garantice su respeto, promoción, protección y garantía en el quehacer diario de todas las autoridades del país.

El Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) plantea dentro de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, que una efectiva implementación de la reforma implica pasar del contenido de ésta, en cuanto a las obligaciones de las autoridades, los principios y las disposiciones específicas, a políticas públicas con beneficios concretos en la vida de las personas. Tal proceso tiene muchas implicaciones, entre las cuales destacan:

  • revisión del marco normativo y administrativo a los estándares internacionales de derechos humanos;
  • elaboración de guías para facilitar la aplicación de sus contenidos y alcances en las instituciones públicas,
  • difusión entre la población para su exigibilidad,
  • desarrollo de capacidades y formación de las y los servidores públicos para la aplicación práctica de la reforma que se traduzca en una actuación conforme a los principios constitucionales, ya que son actores estratégicos para el respeto y garantía de los derecho humanos, así como para prevenir posibles violaciones.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH), en el marco del quinto aniversario de la publicación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, realizó el 2 de junio de 2016 el Taller de Armonización Normativa para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, impartido por el doctor Carlos Pelayo Moller, especialista en derecho constitucional e internacional de los derechos humanos.