El Consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.

Durante la Segunda Reunión de la Conferencia que se realiza en México, del 6 al 9 de Octubre, se presentará la Guía Operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y se espera que los países debatan sobre las experiencias nacionales en el marco de la aplicación de dicho Consenso.

¿Cuáles son los ochos temas prioritarios?

Los delegados de los países señalaron que la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos, es el marco general que debe guiar la profundización de las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza, la exclusión y desigualdad.  En este ámbito, acordaron también aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, y garantizar un patrón de producción y consumo sostenible, evitando el agravamiento de los cambios climáticos indeseados, entre otras medidas.

  1. Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: garantizarle oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, sin ningún tipo de discriminación. Invertir más en juventud, especialmente en educación pública, así como implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales y dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, entre otras.
  2. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos: formular políticas con enfoque de género que aseguren un envejecimiento de calidad; incorporar a las personas mayores como foco prioritario de los programas públicos y ampliar los sistemas de protección y seguridad social.
  3. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Promover políticas públicas que aseguren que las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y tomar decisiones al respecto de manera libre y responsable, con respeto a su orientación sexual, sin coerción, discriminación ni violencia y garantizar el acceso universal a dichos servicios.
  4. Igualdad de género: Cumplir con el compromiso de incrementar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación de las políticas en todos los ámbitos del poder público; hacer efectivas las acciones preventivas que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrándolo en los sistemas de protección social.
  5. Migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes: garantizar la plena inclusión de todos los asuntos relacionados con este fenómeno en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el desarrollo post-2015, brindar asistencia y protección a las personas migrantes, respetando cabalmente sus derechos, y promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que incluyan a los trabajadores migrantes.
  6. Relación con la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental: construir territorios más articulados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes de gestión urbana con una visión centrada en las personas, y planificar el desarrollo territorial con perspectiva de derechos humanos y de género.
  7. Pueblos indígenas, interculturalidad y derechos: respetar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exhortando a los países a ratificarlo. Asimismo, se insta a garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a prestar especial atención a su movilidad y desplazamientos forzados y desarrollar políticas que permitan el consentimiento libre e informado en los asuntos que les afecten.
  8. Afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial: aplicar las disposiciones de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y abordar las desigualdades de género, raza y generacionales, especialmente la discriminación que sufren las mujeres y jóvenes de este grupo poblacional.
Sigue en vivo la Segunda Conferencia en http://crpd.cepal.org/es