Nueva York, E. U. A., a 12 de julio de 2013

Intervención de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en el taller “Experiencias de avances en la superación de la pobreza”, en el marco del VI Foro Ministerial de Desarrollo “Más allá de la pobreza, los nuevos retos de las políticas de cohesión social”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En México estamos hablando de 52 millones de mexicanos en condición de pobreza, el 46% de nuestra población. Estamos hablando de 11.7 millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de pobreza extrema, que es alrededor del 12%, una cifra muy diferente al estudio que nos fue presentado a nosotros, como se mencionaba desde ayer. Medimos la pobreza no sólo a partir del indicador de ingreso, sino con un enfoque multidimensional, porque así lo mandata la Ley de Desarrollo Social y, en consecuencia, para medir la pobreza y la pobreza extrema se consideran una serie de carencias relacionadas con la salud, la educación, la vivienda, los servicios en la vivienda, la seguridad social. Se considera que una persona está en condición de pobreza si está por debajo de la línea de bienestar y adicionalmente tiene una o dos carencias, y una persona está en pobreza extrema si, además de estar por debajo de la línea de bienestar, tiene de tres a más carencias.
Entonces, es por esto que tenemos esta división pobreza-pobreza extrema y es un reto gigantesco pues estamos hablando de casi la mitad de la población mexicana.
Quisiera plantear aquí esta primera reflexión de un exitoso programa de transferencias económicas condicionadas, que es el Programa Oportunidades, pero que sin embargo, a pesar de su crecimiento considerable, estamos hablando de que en México el programa abarca 6 millones de familias. Este año se ampliará a 6.5 millones de familias, un promedio de 25 millones de mexicanos que son beneficiarios de este programa Oportunidades, pero sin embargo las cifras de la pobreza no sólo no han disminuido sino que han aumentado, lo que nos lleva a hacernos preguntas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recientemente entró, en el mes de diciembre, y evidentemente hay un replanteamiento y una reformulación en el sentido de la política social: no basta con los programas de transferencias económicas condicionadas.
No solo eso sino que, en el caso mexicano, este programa ha generado en amplios sectores de la población una dependencia y una falta de autonomía. Sin este ingreso que se proporciona vía la transferencia, muchas de estas familias no tendrían otra opción y, por supuesto, estarían en una condición todavía de mayor precariedad. Como contención ha funcionado. Sin embargo, como política para superar la pobreza, evidentemente que hay un reto todavía importante.
 Entonces, nos hemos planteado, primero, lo que aquí ya se ha planteado mucho desde ayer: la implicación con lo económico. No sólo basta el crecimiento, es importante la distribución y redistribución del ingreso, generar una economía más competitiva.
México ha hecho en estos primeros meses del presidente Peña una serie de reformas importantes: reformas al sector telecomunicaciones, altamente monopólico; reforma educativa para mejorar la calidad de la educación, que es un ámbito que tenía un tiempo de no ser considerado; está en puerta la reforma energética y la reforma fiscal, como elementos fundamentales para mejorar el crecimiento de la economía, hacerla más competitiva y democratizar la productividad como un tema que nosotros hemos planteado de manera muy importante, que significa incorporar amplísimos sectores de la población, hoy excluidos. Incluirlos productivamente, incorporarlos productivamente, a través de su formalización y participación productiva.
Hemos planteado un enfoque de derechos y definir lo que sería una estrategia social de nueva generación, planteando como un elemento fundamental que los programas, el programa de transferencias monetarias, el Programa Oportunidades, tenga una salida productiva. Tenemos generaciones de Oportunidades; tenemos jóvenes que eran pequeñitos, que con las becas evidentemente han cursado su educación primaria, su educación secundaria; que han tenido una mejor educación, acceso a más niveles de educación; que han mejorado su condición de salud por el carácter condicionado de la transferencia, pero que al momento de concluir este ciclo secundario de educación no tienen una salida productiva. Entonces, sí hay un fomento a la capacidad, pero no existe el vínculo del programa de transferencias con la parte productiva. Nos hemos planteado, como un elemento muy importante, el generar estas salidas productivas a partir de tomar al territorio y a su vocación económica y productiva, como el eje articulador de toda la estrategia.
También, como parte de este replanteamiento del Programa Oportunidades, que no significa más que su fortalecimiento, es decir, fortalecerlo en una nueva etapa, pues hemos planteado una mejor calidad en los servicios de educación y salud. Un aspecto muy importante para evitar que se genere esta dependencia y este asistencialismo, es fomentar la participación social y comunitaria; la participación de la comunidad en la definición de las medidas para poder salir adelante y para, en su momento, dejar de pertenecer al Programa Oportunidades. En México se ha generado una lógica inversa.
En lugar de que la aspiración sea cómo sale la población del Programa Oportunidades, lo que significa que abandonó las filas de la pobreza, tal pareciera que la lógica es cómo se mantiene la población en el programa de Oportunidades.
Entonces, hay que darle un viraje; hay que plantear evidentemente que el tema tiene que ser la temporalidad y cómo se construye, desde abajo, la posibilidad de que esas familias dejen de pertenecer al Programa Oportunidades y la vía de obtención de un ingreso sea a partir precisamente de su vocación productiva, lo que ustedes aquí han planteado como fundamental en términos del vínculo con el mercado laboral y otro tipo de estrategias de carácter económico.
También, al mismo tiempo que se está planteando esta reformulación del Programa Oportunidades sobre la base de un enfoque de derechos, de una ciudadanía con autonomía, de mayor productividad social, estamos diseñando otros programas, otras estrategias, y lo que se ha planteado como un sistema de protección social integral, en el que incorporamos de manera muy importante el Programa Pensión para Adultos Mayores. En México, a partir de este año, la atención a adultos que no tienen acceso a la seguridad social por la vía contributiva, inicia a partir de los 65 años, y no de los 70, como era normalmente.
Se plantea generar un esquema de protección social universal, también como un elemento fundamental en toda esta estrategia. En el caso de la inclusión productiva, hemos definido lo local como el ámbito fundamental de trabajo, de desarrollo de la estrategia social.
El territorio como eje articulador. Primero, que nos permita articular y coordinar los esfuerzos institucionales. Decía hace un momento el ministro de El Salvador que es el archipiélago. Pues aquí también, pero a nivel de  ministerios, a nivel de secretarías: Salud, por su lado; Educación, por su lado; Desarrollo Social, por su lado; los gobiernos estatales, por su lado, y los gobiernos locales, por su lado.
De acuerdo al Coneval, que es la instancia que a nosotros nos evalúa, en México hay más de 273 programas sociales dispersos que se duplican a nivel federal y más de 2 mil 500 programas locales que están relacionados con el ámbito social, y no hay diálogo entre estos programas, no hay interacción, no hay una relación interinstitucional, no hay una coordinación.
Entonces, lo que hemos ido a trabajar es precisamente este nivel de articulación. Primero, en el ámbito federal: entre todas las secretarías que tienen programas de carácter social, y después, con la creación de un padrón único de beneficiarios, que sería uno de los objetivos que se estaría planteando este Gobierno.
Adicionalmente, hemos planteado, se ha planteado el Gobierno de la República, un objetivo particular: dentro de este esquema de 52 millones de pobres, de 11.7 millones de mexicanos en extrema pobreza, 28 millones de personas que registran algún nivel de carencia de alimentación, se ha definido una población objetivo que denominamos pobreza extrema alimentaria, de 7.4 millones de mexicanos que tienen esta condición y forman parte de un programa emblemático que se ha lanzado y que se llama Cruzada Nacional Contra el Hambre, que plantea, como uno de sus objetivos fundamentales, el que además de alimentación se otorguen servicios de salud, de educación de vivienda y servicios de la vivienda.
En principio, 400 municipios de los 2 mil 500 que tiene México, que es donde se ubica esta población de pobreza extrema y carencia alimentaria, que implican zonas rurales y zonas urbanas; no solamente estamos hablando de la pobreza rural, sino de la pobreza urbana en estas franjas de miseria en las grandes ciudades, que es lacerante y se vincula mucho con los temas de violencia social que vive el país.
Entonces, esta es otra de las estrategias importantes que nos estamos planteando, con el objetivo de que al final del sexenio, los seis años de Gobierno, podamos erradicar de manera muy importante la pobreza extrema y el hambre. México ha pasado a ser importador de una parte importante de los alimentos que consume.
Tenemos que recuperar esta capacidad de producción, porque gran parte de los que vinieron a engrosar las filas de la pobreza en los últimos cinco años, de 2008 para acá, que son 4 millones de mexicanos, tienen que ver con  el incremento en los precios de los alimentos y que en consecuencia el ingreso se redujo y ya no permitió tener acceso a una canasta básica alimentaria.
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