En el marco de la implementación de la estrategia de Blindaje Electoral 2016, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) junto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), instaló el Comité Preventivo de Blindaje Electoral en Tamaulipas, y dio inicio a las acciones de capacitación de beneficiarios y servidores públicos del sector social en la entidad.

Este Comité tiene como se objetivo garantizar la transparencia, apego a la legalidad y rendición de cuentas de los programas y recursos públicos del sector social, así como el ejercicio con total libertad de los derechos políticos de los beneficiarios durante los procesos electorales de este año, en los que se elegirá gobernador, 36 diputados y 43 ayuntamientos.

En su instalación participaron, el abogado general y comisionado para la Transparencia, Emilio Suárez Licona; el titular del Órgano Interno de Control, Paulo Arturo Téllez Yurén; la directora general de Política Criminal y Vinculación en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Dorilita Mora Jurado; la delegada de la Sedesol, María Lourdes Flores, así como servidores públicos federales del Gobierno y Congreso del estado y autoridades electorales.

En la ceremonia, Suárez Licona destacó que la estrategia de blindaje electoral se inscribe como parte de una política de transparencia y atención a derechos humanos, la cual tiene por objeto empoderar a los beneficiarios de los programas sociales que residen en Tamaulipas en el acceso y ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

En su intervención, Téllez Yurén enfatizó la importancia de la Contraloría Social, órgano ciudadano que funge como testigo de la ejecución de la política social en la estrategia de supervisión y acompañamiento institucional que busca que los recursos públicos del sector social lleguen a su población objetivo.

Entre las acciones que se realizarán para la aplicación de la estrategia de Blindaje Electoral 2016, destacan la capacitación de beneficiarios de programas sociales y de servidores públicos. Asimismo, el desarrollo de una memoria documental que garantizará el derecho a la información de la sociedad respecto a las acciones institucionales implementadas en la materia.


Matamoros, Tamaulipas, 2 de marzo de 2016