La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informa que, desde que se supo de la desaparición de tres de sus trabajadores, Rosario Robles Berlanga mantiene estrecha comunicación con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero y de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de estar al tanto de los resultados de su búsqueda.

El contacto con los empleados federales se perdió el pasado 24 de abril, mientras se trasladaban a las comunidades serranas del municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, en Guerrero.

José Manuel Armenta Tello, delegado federal de la Sedesol, afirmó que la Procuraduría de Justicia dio a conocer que localizó abandonada la camioneta en que viajaban los empleados Gustavo Abarca Radilla, Héctor López Torres y Carlos López Sánchez, y que mantiene estrecha colaboración con el operativo que se implementó, además, con policías federales y estatales.

La PGJE señaló que en las inmediaciones de Arroyo Grande, cerca de Atoyaquillo, municipio de Coyuca de Benítez, localizó la camioneta Nissan, tipo pick-up, con las portezuelas rotuladas con la leyenda SEDESOL-federal y DICONSA, abandonada y sin rastros de violencia, que se encontraba asignada a los desaparecidos.

La fiscalía informó, asimismo, que compañeros de los empleados federales presentaron una denuncia en la representación social de Coyuca de Benítez, que de inmediato ordenó una búsqueda con personal de la Policía Ministerial y de otras instancias municipales, estatales y federales.

Este domingo, el delegado Armenta Tello y los delegados de Diconsa, Gustavo Juanchi Quiñones, y el de Liconsa, Javier Hernández Campos, se reunieron con los familiares de los tres empleados para ponerlos al tanto de las indagaciones que realizan los cuerpos policiacos y el Ejército Mexicano.

Los funcionarios federales tienen instrucciones precisas de mantener contacto permanente con los familiares de los desaparecidos y con las autoridades correspondientes, para coadyuvar en lo que sea necesario.

Robles Berlanga solicitó que a nivel nacional se aplique un protocolo especial de seguridad, a partir de las autoridades judiciales federales, para proteger a sus colaboradores.