México, D. F., a 9 de septiembre de 2013
Los actores sociales debemos luchar porque el tema de la infancia se convierta en un eje transversal en las políticas públicas de nuestro país, aseveró María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), durante la mesa Infancia y adolescencia: conformando un futuro, del seminario permanente que se lleva a cabo con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

La funcionaria puntualizó que “a todos los actores sociales nos ha faltado luchar por la infancia y porque realmente se cumplan en la práctica sus derechos, por lo que es necesario promover y crear políticas articuladas para lograr la transversalización del tema de la defensa y garantía de los derechos humanos de los infantes y adolescentes”.

Gabriel Rojas Arenas, director general de Ednica, I. A. P., señaló que esta asociación ha buscado desde sus inicios disminuir las horas de trabajo de la niñez y adolescencia, además de asegurar su permanencia en una educación formal que les permita trascender sus condiciones de vida.

Para lograrlo, Ednica fortalece habilidades y competencias de las niñas, niños y jóvenes que viven riesgos asociados a la calle y, en particular, al trabajo infantil, al impulsar sus habilidades psicosociales y fortalecer la participación de los núcleos familiares en los procesos de contención y desarraigo callejero, mediante la reconstrucción de esquemas y dinámicas familiares.

La Senadora Lorena Cuéllar, Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de Senado, informó que en el proyecto de Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se plantea que las entidades federativas estén obligadas a instrumentar programas destinados a proteger los derechos de la niñez. 

Agregó que la iniciativa asume como eje rector el interés superior de la niñez, a la cual protegerá y garantizará sus derechos humanos; de esta manera, el interés del Estado, de las instituciones públicas, privadas o de los adultos no estarán por encima del de las niñas, niños, y adolescentes.

Los menores de 18 años serán sujetos de derecho, por lo que se les reconocerán todos los derechos humanos inherentes a la persona y serán sujetos de protección especial en razón de su edad.
Juan Carlos Martín Mancilla, director general del Organismo de Nutrición Infantil (ONI), informó que en julio y agosto se dieron suplementos alimenticios a 200 niños de las comunidades de San Juan Totolzintla y San Marcos Oacatzingo, en el municipio de Mártir de Cuilapan, y de la colonia San Rafael Norte, en Chilpancigo, Guerrero, y que se logró una mejoría en los índices nutricionales de los infantes.

Informó que a petición de los pobladores de dichas comunidades, el programa de dotación de complementos nutricionales se extenderá hasta diciembre próximo y, muy probablemente, se incluya a tres comunidades más, para pasar de 200 a 400 menores atendidos.

Alicia Athié, oficial nacional para la sensibilización y la movilización del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), expresó que la alta proporción de niños y niñas en pobreza extrema en México, representa una inaceptable violación a sus derechos y muestra la necesidad de tener políticas públicas adecuadas que garanticen su acceso a los servicios básicos.

Indicó que el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza e impide que los niños adquieran las educación y las calificaciones necesarias para asegurarse un futuro mejor. Asimismo, dijo, las consecuencias van más allá de la niñez: recaen sobre la economía del país, que pierde competitividad, productividad e ingresos potenciales.

Javier Rodríguez Alarcón, director general de Investigación y Estadística del Trabajo señaló que en junio se instaló la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, en la que participan representantes de secretarías de Estado, el Seguro Social, DIF, organismos empresariales y sindicales, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, además de que el pasado 12 de junio el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para la contratación de niños.

La diputada Paloma Villaseñor, secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara Baja, resaltó que hoy se reconocen los derechos humanos de la infancia como un grupo diferente al de las personas adultas, al establecer que son las niñas, niños y adolescentes sujetos plenos de derechos, por lo que se pasa de la idea del “menor” como objeto de compasión - represión, a la de la infancia -adolescencia como sujetos plenos de derechos, es decir, que cuentan ya con personalidad jurídica.