La secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, propuso al presidente Enrique Peña Nieto emprender otro gran cambio en el país, “sigiloso, silencioso, pero con un gran contenido transformador, para que las mujeres vivan libres de violencia, con autonomía económica y libertad, porque cuando las mujeres se mueven, México se mueve”. 

Al conmemorarse en el corazón de la montaña guerrerense el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la titular de la Sedesol agregó que “ninguna mujer puede aportar todo su talento, toda su creatividad, toda su capacidad, si es humillada o violentada; romper las cadenas de la violencia, los cautiverios que todavía nos atan, es liberar una energía enorme, desatar la fuerza de la mitad de la población y ponerla en movimiento”.

Un México en paz implica que las mujeres vivamos libres de violencia, que nos sintamos seguras en la casa, pero también en la calle y en el espacio público; un México próspero e incluyente tiene que ver con sentar las bases para nuestra autonomía económica y con incorporarnos al proyecto nacional en condiciones de igualdad; un México con educación de calidad es inconcebible si no se inculca a niños y niñas y a nuestros jóvenes una cultura de respeto y de igualdad”, continuó.

Tras señalar que “pobreza y violencia de género están íntimamente vinculadas”, la funcionaria federal mencionó que “la violencia contra las mujeres, a veces invisible, es la más sistemática y frecuente violación de los derechos humanos, siendo su forma extrema la muerte causada por odio a las mujeres, es decir, el feminicidio, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), seis mujeres mueren diariamente por su condición de género”.

Reconoció que ha habido avances importantes, como el que exista una legislación para que las mujeres gocen jurídicamente de una vida libre de violencia, “pero aún es necesario fortalecer las instituciones y generar los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia, porque para combatir la violencia se necesita mucho más que el ámbito jurídico”. 

Es necesaria una transformación verdadera, un empoderamiento que implique la autonomía económica, porque “la pobreza femenina es causa y consecuencia de la violencia; las mujeres que sufren algún tipo de violencia pierden ingresos y ven afectada su capacidad productiva, por lo que se empobrece también a sus familias y a sus comunidades, al tiempo que les impide escapar de las relaciones abusivas”.

La secretaria de Desarrollo Social dio a conocer algunas cifras del Inmujeres, como el que “seis de cada diez mujeres en situación de pobreza piden permiso a sus maridos para trabajar; cuatro de diez le piden permiso para usar anticonceptivos, cinco de diez piden permiso para ahorrar o abrir una cuenta bancaria y una de cinco pide permiso para decidir por cuál partido o candidato votar”.

Pero, continuó, “esta situación se agrava si se trata de mujeres indígenas, muchas veces sometidas a prácticas que impiden su libre consentimiento y la capacidad plena a ejercer su derecho a decidir, por lo que muchas son víctimas de la violencia institucional por el simple hecho de no hablar español y no tener acceso a juicios en su misma lengua o traductores. Según datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 366 mujeres indígenas están en la cárcel cuando todo parece indicar que son inocentes”.

Este año, mencionó, 54 fueron excarceladas gracias al trabajo de la CDI “y aquí está una de ellas, Pascuala, de 27 años, analfabeta, madre soltera que fue encarcelada porque tenía que dejar a su hija menor en la casa porque tenía que salir a trabajar”.

La titular de la Sedesol puntualizó que “no es casual que sea aquí, en la montaña de Guerrero, precisamente donde se impulse la primera Ciudad Mujer en el país, un centro integral de servicios que constituye un acto de justicia y un reconocimiento al valor de las mujeres, en particular a las mujeres indígenas de la montaña”.

La Ciudad Mujer, explicó, integrará al Centro de Justicia y se irá ampliando para contar con diversos servicios para que las mujeres de la región puedan ejercer su condición de ciudadanas plenas y vivir libres de violencia.

En su intervención, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a las acciones que ha realizado el Gobierno de la República para combatir la pobreza y apoyar a las mujeres, como la construcción de siete Centros de Justicia para la Mujer en 2013, y 14 más que se realizarán el año que entra; 98 Casas para el Desarrollo de la Mujer, por lo que instruyó a la Sedesol a crear 18 más en 2014; la puesta en operación de la línea 01 800 HABLALO, para brindar apoyo sicológico y jurídico a mujeres sujetas a violencia, y medidas legales de prevención, en el Código de Procedimientos Penales Único enviado al Congreso de la Unión. 

Asimismo, el establecimiento de Protocolos de Investigación de Violencia de Género por parte de las Procuradurías de Justicia en todo el país; el Programa de Excarcelación de Mujeres Indígenas, para lo cual instruyó a la Sedesol y a la CDI apoyar a mujeres que por no hablar español fueron juzgadas o sujetas a medidas jurídicas que las dejaron en estado de indefensión, terminando en la cárcel, habiendo más de 300 casos identificados.

Asimismo, pidió a la Sedesol y a otras secretarías involucradas, impulsar los proyectos productivos con programas específicos para apoyar a las mujeres, tanto en forma individual como asociada.

Al término del evento, el Primer Mandatario dio el banderazo de salida a tres camionetas de Diconsa, para posteriormente trasladarse al Centro de Justicia de la Región Montaña, recorrido durante el cual Lorena Cruz, presidenta del Inmujeres, explicó el proyecto Ciudad Mujer.

En el evento estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado; Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres; Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Victoriano Wences Real, presidente municipal de Tlapa, entre otros. 

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