Con el compromiso de construir una sociedad cohesionada e incluyente, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) firmaron un convenio de colaboración dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que busca potencializar el servicio social comunitario, la asistencia técnica e investigación de esta casa de estudios a favor de los sectores más pobres del país.

En el Paraninfo de la UdeG y con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz como testigo, la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, y el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, signaron el compromiso que permitirá coordinar esfuerzos en seis municipios jaliscienses considerados en la Cruzada: Guadalajara, Mezquitic, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Ante académicos y estudiantes, la secretaria Robles Berlanga afirmó que es deber de los universitarios del siglo XXI combinar la ciencia con vocación de servicio y justicia social para superar la desigualdad y la pobreza; “una universidad que no se vincula con la sociedad, no cumple con su cometido, por lo que es hora de reforzar los lazos de la UdeG con la sociedad”, sentenció.

“Queremos que los estudiantes lleguen a las localidades objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre con proyectos innovadores para cambiar el entorno de las familias en condiciones de pobreza; que los profesionistas sepan que su misión es servir a los demás”, expresó la funcionaria federal al referirse al importante papel de las universidades en la generación de capital humano y conocimiento.

Indicó que el servicio social comunitario es un magnífico puente para vincular a los profesionistas universitarios con las realidades y necesidades del país; para acercar al capital humano de calidad que genera el aparato educativo con el México vulnerable y marginado.

La secretaria de Estado explicó que como la UdeG, otras instituciones de educación superior se han sumado ya a la Cruzada, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades de Puebla y Guerrero, y el Tec de Monterrey, para contribuir a hacer efectivo el derecho de los mexicanos a la alimentación y una vida digna.

“La universidad no puede mantenerse como espectador aislado, debe insertarse en la comunidad para contribuir a la paz y a la convivencia social equilibrada, con los recursos del conocimiento, la educación cultural y el compromiso cívico”, aseguró.

Al explicar que la Cruzada atiende la pobreza tanto en el ámbito rural como urbano, afirmó que se trata de una estrategia integral que va más allá de esquemas asistencialistas, porque incorpora puertas de salida a la pobreza a través del impulso de proyectos productivos que permitan generar ingresos y autoempleos.

Señaló que el Gobierno Federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como con la sociedad civil, irán a fondo para cambiar la realidad de 7.4 millones de personas que padecen hambre, mediante acciones que permitan atender las causas profundas de la pobreza y, al mismo tiempo, empoderar a los ciudadanos como agentes de su propio desarrollo.

No basta con llevar despensas, enfatizó la secretaria Robles Berlanga, al destacar que si bien es cierto se entregarán alimentos donde sea necesario, se llevarán también vivienda digna y servicios públicos, como agua potable, drenaje, electricidad, educación y salud, y, al mismo tiempo, se buscará la movilización social y la creación de redes de trabajo colectivo.

“Necesitamos reconstruir la cohesión social, el tejido solidario de los mexicanos, y eso sólo será posible si logramos abrir puertas a la más amplia participación social en el diseño e instrumentación de las políticas públicas”, afirmó.

Finalmente dijo que la Cruzada considera municipios rurales, como en el caso de Mezquitic, y también urbanos como Guadalajara, Tlajomulco de Zúniga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, donde el volumen de habitantes en pobreza extrema y carencia alimentaria resulta importante, ya que es ahí donde existe ruptura del tejido social, delincuencia y violencia, que afecta principalmente a los jóvenes.

En su intervención, el gobernador jalisciense, Aristóteles Sandoval, destacó la trascendencia de la política social que emprende el presidente Enrique Peña Nieto, direccionada en la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga: “una política social incluyente, que dote de capacidades a las personas para que se puedan incluir en la sociedad, en el campo productivo, para tener un desarrollo pleno y alcanzar su felicidad, desde la pequeña comunidad más alejada del estado hasta el cinturón de miseria con el que podemos encontrarnos a cinco minutos de la ciudad”. 

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