La autonomía económica es fundamental para el desarrollo pleno y dignificación de la vida de las mujeres, principalmente de aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, afirmó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, durante la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En el evento, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la funcionaria federal detalló que desde la Sedesol se trabaja en una estrategia integral, que considera cada uno de sus programas sociales y las acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre para avanzar en la dignificación de la vida de las mujeres.

Explicó que el propósito es empoderar a este sector mediante estrategias que les permitan su plena incorporación y respeto en la sociedad, como ya se hace con Ciudad Mujer, modelos de atención integral que se construyen en Guerrero y Michoacán, para que el sector femenino pueda acceder a una vida libre de violencia intrafamiliar y, al mismo tiempo, recibir atención en materia de salud sexual y reproductiva; alfabetización y mayor educación, entre otras acciones.

Precisó que la Sedesol avanza en tres temas que impactan directamente en la vida de mujer, y uno de ellos es la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que tiene como objetivo principal a las mujeres que se encuentran en pobreza extrema y en pobreza extrema alimentaria; su inclusión y participación en cada uno de los proyectos productivos, así como en la toma de decisiones en sus comunidades.

Refirió que para lograr que la mujer sea generadora de su propio ingreso, se incorporó al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades la perspectiva de género, para que además de los subsidios puedan acceder a microcréditos y proyectos productivos.

La titular de la Sedesol explicó que en cumplimiento de uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, a un año de la puesta en marcha el Seguro de Vida para Jefas de Familia, hasta el momento se ha registrado a tres millones de derechohabientes que, en caso de que llegaran a faltar, sus hijos tienen asegurada su educación desde el nivel preescolar hasta la universidad.
 
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