MÉXICO, D. F., a 30 de julio de 2014.- El Gobierno de la República abate carencias y acerca derechos en el combate al hambre y a la pobreza extrema, afirmó el Coordinador de Asesores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Enrique González Tiburcio, al participar en la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y El Caribe Sin Hambre 2025, que se desarrolla hoy y mañana en la Ciudad de México.

En su conferencia “Compromiso por un mundo sin hambre: la experiencia de México, la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, González Tiburcio destacó que a un año de puesta en marcha, la Cruzada ha atendido en su primera etapa a más de tres millones de personas en 400 municipios.

Para 2014, continuó, se agregaron 612 municipios para llegar a mil 12, es decir, al 80 por ciento de la población objetivo, estimada en 7 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. "Para 2015 se prevé cubrir en su totalidad el territorio nacional al llegar a todos los municipios".

Entre los principales avances destacó: se incorporaron 400 mil familias nuevas al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; se han entregado 200 mil suplementos alimenticios a menores de cinco años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; se instalaron tres mil 200 comedores comunitarios; hay 754 tiendas Diconsa en operación que atienden a mil 889 localidades; 1.5 millones de personas reciben leche fortificada a precio subsidiado; se compraron 500 millones de litros de leche a productores nacionales y 290 mil familias ya cuentan con la tarjeta SINHambre.

Asimismo, se han creado 6 mil 299 huertos familiares; se han recuperado 14 mil toneladas de alimentos frescos; 200 mil menores de cinco años tienen seguimiento de peso y talla y hay 2 mil 225 escuelas con asistencia alimentaria.

Además, se ha apoyado a mil empresarios y productores sociales y 500 proyectos productivos se desarrollan en comunidades indígenas; en cuanto a vivienda, se han construido 98 mil 45 pisos, 30 mil 915 techos, 17 mil 186 muros firmes, 8 mil 440 cuartos adicionales y 14 mil 657 baños ecológicos biodigestores.

Por otra parte, 118 mil 875 hogares ya tienen estufa ecológica; 77 mil 733, luz eléctrica; 47 mil 18 personas cuentan con drenaje y se han construido 8 mil 675 redes de agua potable que benefician a 105 mil 301 mexicanos.

Asimismo, se han constituido 60 mil 16 comités comunitarios; se cuenta con 9 mil 79 brigadistas y mil 728 enlaces municipales y coordinadores, lo que demuestra que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una realidad que pertenece a todos, como ha dicho la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

El Coordinador de Asesores de la Sedesol explicó que la política social de nueva generación del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se basa en un enfoque de derechos para garantizar su pleno ejercicio para todas y todos los mexicanos y generar mínimos sociales fundamentales.

Resaltó que la política social del Gobierno de la República, a cargo de la Sedesol, se propone focalizar recursos para universalizar derechos, así como fortalecer las capacidades productivas para el mejoramiento de los ingresos y las condiciones de vida de los mexicanos en situación de pobreza.

En este sentido, apuntó, la Cruzada Nacional Contra el Hambre es el piso mínimo del derecho a la alimentación y una estrategia de inclusión y bienestar social basada en la conjunción de esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios dirigida a alcanzar cinco objetivos fundamentales y alineada con las iniciativas Hambre Cero, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y América Latina y El Caribe Sin Hambre (IALCSH).

Por ello, abundó, la Cruzada se orienta a la atención de nueve indicadores estratégicos con base en las carencias sociales que aplica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza, mismos que están definidos en la Ley General de Desarrollo Social.

González Tiburcio destacó los cuatro grandes cambios en la política social del Gobierno de la República: recuperación del mecanismo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el rediseño de programas como Pensión para Adultos Mayores y Oportunidades, la creación de programas como el de comedores comunitarios y el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y la reorientación del trabajo institucional.

En este último punto señaló las modificaciones en las reglas de operación de los programas sociales, la redefinición del papel de Diconsa y Liconsa, la ampliación de la cobertura de los programas hacia zonas rurales e indígenas y la creación de las compras sociales y a pequeños productores.



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