Muchas gracias a Arely Gómez, señora procuradora. Al secretario de la Función Pública, a Santiago Nieto, fiscal especializado para la Atención a Delitos Electorales.

Emilio Suárez, abogado general y comisionado para la Transparencia, y Arturo Téllez, titular del Órgano Interno de Control.

Hoy estamos aquí reunidos para firmar un convenio cuyo objetivo último es garantizar una gestión responsable, una gestión transparente de los programas sociales en el marco de los procesos electorales.

Quisiera empezar reconociendo y agradeciendo a la Procuraduría General de la República. Igualmente, a la Secretaría de la Función Pública, por la colaboración que habrán de brindarle a Sedesol al amparo de este instrumento.

El presidente Peña Nieto nos ha dado instrucciones para que nos aseguremos de que sean cada vez más los ciudadanos que puedan ejercer plenamente los derechos sociales que nuestro marco legal les reconoce.

En ese esfuerzo participan varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Participan también los gobiernos estatales y municipales, se suman a este esfuerzo numerosas organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas.

A todos nos mueve el principio compartido de impulsar el desarrollo, la inclusión, la cohesión social en el país y, de manera prioritaria, combatir la pobreza y atender a los grupos más vulnerables.

Queremos que todos los mexicanos tengan la posibilidad de desarrollar su potencial, de integrarse a una vida productiva y de trazar su propio destino.

El presidente Peña Nieto ha hecho de la transparencia una directriz de la política social. Él mismo ha sostenido que la transparencia es el mejor antídoto para combatir la corrupción.

Nuestros colegas de la Procuraduría saben el énfasis que el presidente ha puesto en la protección de los derechos sociales de los ciudadanos y han adoptado medidas para evitar la desviación de recursos públicos y el uso indebido de los mismos con fines político-electorales.

El próximo cinco de junio habrá comicios en doce entidades. Se elegirá a doce gobernadores, casi 450 diputados locales, 448, 965 ayuntamientos y en esas entidades hay cuatro de cada diez de los beneficiarios de los programas de Sedesol, por lo que habremos de ser especialmente vigilantes y habremos de serlo trabajando en tres vertientes.

Una que nos permita dar información amplia y suficiente a los beneficiarios de cuáles son sus derechos y que tengan absoluta certeza de que estos no pueden ser condicionados a objetivo electoral ninguno.

Una segunda vertiente tiene que ver con información a los funcionarios para que estén plenamente enterados de cuáles son sus obligaciones en este proceso electoral y una tercera vertiente tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas.

A este esfuerzo, a este convenio que vamos a suscribir se suma el anuncio que ya hiciéramos el secretario Andrade y un servidor de la movilización de más de 550 mil contralores sociales, para que los ciudadanos estén involucrados desde el levantamiento de los padrones hasta la entrega de los beneficiarios.

La suma de este buen diálogo entre instituciones, la instalación de los comités que para estos efectos vamos a hacer en cada una de las entidades donde habrá elecciones y la participación decidida de los contralores sociales habrán de ayudarnos a consolidar a un gobierno transparente, a un gobierno responsable, a un gobierno confiable, a un gobierno que rinde cuentas ante la sociedad y que actúa siempre de acuerdo con la ley.

A esto nos estamos obligando y la cooperación que entre las tres entidades habremos de desplegar para estos efectos será muy valiosa y en la Sedesol mucho lo agradecemos.


Ciudad de México, 16 de febrero de 2016