En la Cruzada Nacional Contra el Hambre no hay lugar para la mezquindad ni para las diferencias políticas, porque el objetivo es mejorar la vida de las personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, afirmó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, durante la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México y con el Gobierno de la entidad.

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) se ha convertido en un espacio de convergencia al generar nuevos esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y movilizar el capital social de las comunidades para la construcción de un México mejor, como lo muestra la integración de 31 comités interinstitucionales.

Al encabezar, junto con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, la Segunda Reunión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la titular de la Sedesol señaló que con el impulso de esta estrategia incluyente se construyen coincidencias en medio de la pluralidad y se entrelazan las voluntades de autoridades de filiación política diversa.

En el Centro Ceremonial Mazahua, ataviada con la ropa tradicional y con la Banda de la Fraternidad que le entregó el Jefe Supremo, Crisanto Maya Miranda, como visitante distinguida, la funcionaria federal sostuvo que la Cruzada ha generado nuevos esquemas de coordinación al interior del Gobierno Federal y entre los tres niveles de gobierno, en un renovado federalismo.

Con los convenios signados con la UAEM se promoverán acciones de participación social en los 32 municipios del Estado de México considerados en la primera etapa de la CNCH, para lo cual se prevé incorporar a 1,700 promotores comunitarios, en su mayoría egresados de instituciones públicas de educación superior.

Durante el evento, la funcionaria federal y el gobernador Eruviel Ávila Villegas firmaron el Acuerdo de Coordinación para la Concurrencia de Recursos Federales y Estatales, con lo cual se hará posible la operación de los diferentes programas sociales en esta entidad para mejorar la infraestructura física y la calidad de vivienda de las comunidades con mayores rezagos y, al mismo tiempo, generar ingresos y canalizar mano de obra a proyectos de desarrollo comunitario.


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