Lomas de Sotelo, D.F., a 12 de enero de 2011.- La Secretaría de la Defensa Nacional informa que en el marco de la Estrategia Integral del Estado Mexicano en el combate al narcotráfico, el 9 de enero del año en curso, personal militar con sede en Tijuana, B.C., logró la detención de RIGOBERTO ANDRADE RENTERÍA (a) “EL RIGO”, operador de la organización delictiva denominada “LA FAMILIA”, así como a dos de sus colaboradores de nombres DAVID BUSTOS AGUILAR y RAUL FRANCO LOPEZ (a) “EL PAPAYO”.
RIGOBERTO ANDRADE RENTERÍA es hermano de IGNACIO (a) “EL CENIZO”, lugarteniente de “LA FAMILIA”, quien se encuentra bajo las órdenes directas de J. JESÚS MÉNDEZ VARGAS (a) “EL CHANGO”, el cual liderea dicha organización junto con SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ (a) “LA TUTA”.
En un primer momento RIGOBERTO ANDRADE se identificó como ROBERTO SÁNCHEZ PADILLA, a quien se le aseguraron 26.800 kilogramos de droga sintética conocida como “Cristal”, una pistola calibre 9 milímetros, 44 cartuchos del mismo calibre, un vehículo y 820 dólares americanos.
El detenido ANDRADE RENTERÍA era el encargado del tráfico de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, mismas que eran producidas por su propio hermano IGNACIO ANDRADE (a) “EL CENIZO”, en laboratorios clandestinos ubicados en el Estado de Michoacán.
Desde agosto del 2010, la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de Cinco Millones de pesos a quien proporcionara información que permitiera lograr la detención de RIGOBERTO, mientras que por su hermano IGNACIO (a) “EL CENIZO”, ofrece Diez Millones de pesos.
“LA FAMILIA” se ha caracterizado por obtener sus recursos económicos mediante la elaboración de drogas sintéticas principalmente, así como de otras actividades ilícitas como el secuestro, extorsión y control de giros negros.
Los detenidos, droga y material asegurado, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con acciones como esta, el Gobierno Federal reitera su compromiso de combatir enérgicamente todas las manifestaciones del crimen organizado, así como la aplicación de la Ley en contra de quienes vulneren los principios del Estado de Derecho y amenacen la seguridad, estabilidad y confianza de los mexicanos.