Se denunció al Estado Mexicano por haber sido dados de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos injustificadamente, por padecer una enfermedad establecida como causal de retiro del servicio activo de las Fuerzas Armadas en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dejando de percibir haberes, el servicio de salud y medicamentos a que tenían derecho.

La comisión interamericana de derechos humanos emitió el informe de fondo 139/11, por lo cual en cumplimiento a sus recomendaciones la secretaría de la defensa nacional, en coordinación con la secretaría de gobernación y  la secretaría de relaciones exteriores, se encuentran realizando las acciones necesarias para tal efecto.