Discurso

Ciudad de México, miércoles 11 de noviembre de 2015.

La intención de esta plática, y nos lo comentaba nuestro coordinador, y por la razón que estamos aquí no solo el titular de la SEDATU, si no el también subsecretario que tiene a su cargo toda esta perspectiva, Enrique González Tiburcio, al igual que el director Armando Saldaña, que ya desde SEDESOL aún nos habían quitado esta parte, porque SEDESOL paso a SEDATU nuestra intervención en experiencias tan importantes como la de como ¿??Gemelo y otras, nos habían indicado una serie de aspectos pero desde perspectivas de SEDATU y el área que tiene esta responsabilidad asumimos con mayor fuerza una serie de planteamientos.

Desde luego que nosotros formamos parte de este sistema de protección civil. Conocemos perfectamente los protocolos que tienen que ver con la participación de SEDATU ante un eventual desastre natural o ante un ya gran desastre natural y cómo intervenimos en los procesos de emergencia como de reconstrucción. Sin embargo, hoy queremos, de alguna manera, poner el énfasis no en los riesgos en los que sabemos se encuentra nuestro país por el cambio climático, por su propia condición geográfica, por sus características y esos riesgos que sabemos que están ahí y pueden darse en un país donde hay sismos, donde se tiembla, y en el que por su propia condición tenemos riesgo de permanentes inundaciones o sequías y que son estos riesgos derivados de desastres naturales que pues evidentemente no podemos incidir en un desastre más que en materia de previsión y protección de las vidas. Ahora lo que queremos hablar es de los otros riesgos, de los que construimos todos los días, que permiten o inciden en profundizar esos riesgos en los que de por sí ya están, porque todos los días se están construyendo y este es el aspecto en el que creo que debemos poner muchísima atención.

Hablaba ya Chema Tapia de lo que vivimos en Guerrero, en el hecho de que Acapulco en las obras inundadas tuvieran que ver con las construcciones en humedales. Estamos viendo permanentemente cómo estas viviendas asentadas en las orillas de los ríos o prácticamente en los lechos de los ríos están en constante riesgo, pero también los vemos en el Distrito Federal, en donde tenemos taludes tan endebles como los que estamos en este momento viendo aquí en Santa Fe.

Entonces, el problema es que se construyen riesgos, y que muchos de estos riesgos están asociados también a la desigualdad y a la pobreza. Normalmente quien se asiente en una zona o lugar de riesgo, riesgosa, es la vivienda más precaria y los asentamientos humanos más precarios. Aunque debemos exceptuar el caso de Santa Fe ¿verdad? También las situaciones que vivimos en materia de permisos y usos de suelo etcétera nos llevan a estas circunstancias.

Entonces, qué es lo que nosotros hemos observado desde la propia Secretaría y que es la alianza que queremos proponer. Es esta alianza que tiene que ver con que en el territorio estemos actuando de manera permanente; sabemos que hay en el país 617 municipios que están identificados con alto y muy alto índice de riesgo, y evidentemente que por tema de recursos y también por falta de interés o de los propios municipios no tenemos los atlas de riesgos de estos 617 municipios o no los tenemos actualizados, y tenemos que pasar a estos municipios; ahí se muestra con los colores rojos y anaranjado esta situación de muy alto y alto riesgo, y es ahí donde tenemos que avanzar en la actualización de estos atlas de riesgo y tenemos que avanzar en tener este instrumento que es muy importante para la intervención de las áreas de protección civil en materia de uso de suelo y de permisos, por qué, porque hoy quien tiene en sus manos esta posibilidad de actuar es un municipio, que es el ordenamiento local. Desde la SEDATU no tenemos los instrumentos. Hay una Ley de asentamientos humanos que permite evidentemente que, de alguna manera planteó aspectos relacionados con la planeación pero no con la regulación del índole federal y tampoco la sanción, una ley que además es de desde 1972 cuando no teníamos en el país esta cultura de prevención, que no había en este país toda una visión asociada a ciudades resilientes, el tipo de residencia, hasta el tipo de materiales que debemos utilizar para la construcción; es una ley que ya no responde al México actual, a un México en donde 3 de cada 4 mexicanos vivimos en las ciudades, y justamente la mayoría de los asentamientos irregulares en zonas de riesgo están ubicadas en las ciudades, y por qué motivos, por motivo de la migración, precisamente, porque estando en las ciudades hay más oportunidades. Las ciudades crecieron en una proporción cada vez mayor, un crecimiento desordenado que no atendió a reglas, y que evidentemente generó esta situación de riesgo en muchas ciudades del país. 31 municipios además concentran esta mayor vulnerabilidad, particularmente Acapulco, Villahermosa, Monterrey, Colima, para poner algunos ejemplos. Y pongo el ejemplo de Colima y quisiera ir a esta imagen, porque precisamente ahora, a partir del huracán “Patricia”, cuando yo hablo con el coordinador me dice que uno de los riesgos tiene que ver con el volcán de Colima y la posibilidad de los deslaves de lodo, que además que con la combinación del agua se convierte rápidamente en roca. Inmediatamente en la reunión que tenemos en SEDATU identificamos por ejemplo este desarrollo habitacional del Infonavit con miles de personas en la base del volcán. Entonces, hicimos el procedimiento, contribuimos al proceso de adaptación a través del Infonavit, pero lo cierto es que ahí no debió construirse, y no estamos hablando de un desarrollo precario, de gente que llegó a una zona de riesgo y autoconstruyó, estamos hablando de una zona habitacional de Infonavit.

Entonces, esos son los riesgos que estamos sometiendo a la población en general cuando estamos permitiendo que se construya en esta zonas con estas características, qué es lo que estamos proponiendo. Primero ir a una reforma legal, a una reforma de la ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial que le dé a la SEDATU facultades y dientes. Que permita apoyar en todo este proceso de ordenamiento y de coordinación de quienes están en estas zonas de riesgo. Dientes por qué, porque la Secretaría no tiene esta incidencia como sí la tiene por ejemplo SEMARNAT cuando el impacto ambiental no permite la construcción de una obra por mucho permiso que tenga del presidente o de la presidenta municipal. En SEDATU no existen estas normas, no existen estos elementos que permitan decir eventualmente aquí no se puede, ni siquiera en zonas federales.

Entonces, necesitamos una especie de norma de impacto territorial, que así como se consulta la norma de impacto ambiental, podamos tener evidentemente un instrumento de impacto territorial que sin este no es imposible hacer una obra en determinados lugares.

Segundo, que la ley tiene que traer sanciones que en caso de que se construya aun cuando haya un impedimento legal. Actualmente no las tiene.

Por eso tenemos que ir gobiernos municipales, estatales, el propio gobierno federal, el Congreso, la sociedad, porque es un reclamo para ir a esta modernización de la Ley de Asentamientos Humanos, que necesitamos tener mayores herramientas para este ordenamiento territorial. Mientras tanto qué, porque pues depende del Congreso, depende de que haya acuerdos, la Ley de Asentamientos Humanos tiene la iniciativa desde hace muchos años y no se ha avanzado porque se tocan muchos intereses, y ese es el problema y ustedes lo saben y lo viven en los municipios. Como áreas de protección civil a veces se ven hasta impotentes frente a municipios que dan permisos, porque aquí prevalece mucho lo que es la especulación y lo que tiene que ver con el uso de suelo, que justamente hablamos de negocios millonarios y prevalecen a veces estos intereses.

Entonces, tenemos que hacer una alianza entre SEDATU y Protección Civil y las áreas de Protección Civil estatales. Hay una Ley de Protección Civil que esa sí se modernizó. Afortunadamente se modernizó porque precisamente tuvimos un temblor en 1985 y vino toda esta visión y toda esta cultura y esta sensibilidad que llegó a modernizar esta ley. La aplicación de esta ley nos permite a nosotros también de alguna manera contar con un instrumento y entonces tenemos que trabajar juntos Protección Civil y SEDATU.

Tenemos también que conciliar los atlas de riesgo municipales e integrarlos a los planes y programas de desarrollo urbano a los que están obligados los municipios y los estados, es decir, que estos programas y planes de desarrollo urbanos considérenlos atlas de riesgo para que ubiquen con toda claridad donde puede haber deslizamientos, donde tenemos inundaciones, donde podemos aplicar los atlas de riesgo para los planes de desarrollo urbano y evitar que se construya en esos polígonos, porque nos están marcando claramente dónde está esa condición de riesgo y nos marca también donde debemos realizar las reubicaciones y para eso debemos desarrollar esos planes para aquellos que deben tener acceso a una vivienda en zonas de ese desarrollo humano donde están en condiciones de mayor seguridad.

Entonces debe haber una obligatoriedad en los atlas de riesgo y de ahí a la regulación. Actualmente tenemos 285 atlas de riesgo, y en realización 40 más, pero aún nos faltan más y debemos ir a una concientización en términos de recursos públicos y discusión presupuestal de que ahí estamos hablando de vidas que dependerán de tener esas atlas de riesgo para evitar que corran una situación de vulnerabilidad y de hecho es prevención y estamos hablando de vidas, desde la prevención del asentamiento humano.

Tercero, una guía de resiliencia que debemos establecer y que se ha venido proponiendo y que queremos fortalecer en SEDATU. El Presidente Peña fijó el compromiso en NY de los nuevos compromisos 2030 y uno de ellos es ciudades, el Objetivo 11, es ciudades compactas, seguras, resilientes, es decir, que sean capaces de enfrentar los riesgos y sean capaces de sortear esos riesgos porque precisamente están construidas bajo esta guía de resiliencia, desde los materiales y hasta características de la construcción, que debemos incorporar en nuestros sistemas de protección civil.

Queremos poner como acciones inmediatas el poder fortalecer las políticas de desarrollo territorial a partir de que ustedes también nos ayuden a ser los ojos en el territorio. Eventualmente no tenemos esa capacidad de despliegue, pero si ustedes que están al frente de los sistemas de protección civil nos dicen: aquí se está construyendo a pesar de los pesares es considerada una zona de riesgo, se están construyendo casas, hay un desarrollo urbano, nosotros podemos tener una mayor incidencia.

Actualmente no hay subsidio para vivienda en zonas de riesgo, no hay subsidio para las zonas donde nosotros consideramos en donde no se puede construir y nosotros hemos orientado hacia dónde van los desarrollos de vivienda. Sin embargo, un desarrollador puede no estar apoyado por el subsidio y todos modos comprar tierra donde hay una situación de riesgo, y ahí nosotros prevenimos. Pero debemos innovar, hasta ponerle letreros que diga “Está usted comprando el riesgo, comprando un seguro de muerte para su familia”. Tenemos que innovar para que la gente sepa que está adquiriendo un riesgo, y si a lo mejor la gente de Santa Fe hubiera sabido esto. Conozco perfectamente la Ciudad de México, una parte está sobre minas y es el caso de algunas zonas altas de Santa Fe, a lo mejor si más allá del permiso que pudiera dar una delegación hacemos una campaña de que esa zona es de riesgo, probablemente la gente no hubiera comprado viviendas que además son bastante caras.

Entonces estamos haciendo el esfuerzo del subsidio para impedir que vayan a situaciones de riesgo que de alguna manera que ha servido de contención para los desarrolladores de vivienda, pero necesitamos ir más allá de eso para que podamos realmente impedir que esos procesos se sigan dando.

Y tenemos el segundo aspecto, que son los asentamientos que ya están en zonas de riesgo. Hay asentamientos muy pobres y que debemos buscar dónde ubicar. Muchas veces no es fácil reubicar porque no tenemos las reservas territoriales, no tenemos la tierra que permita la reubicación. Parte de la incapacidad de Guerrero de cumplir los compromisos de vivienda por Ingrid y Manuel, es que en la montaña de Guerrero no hay terrenos, cualquier terreno es riesgo, entonces debemos ubicar esas reservas es algo que también hace la Secretaría para que podamos identificar dónde reubicar a esas familias y no duplicar esa condición de riesgo. Igualmente todo el programa de asentamientos humanos que tiene que ver con esto la idea es fortalecer esta tarea que estamos asumiendo en la SEDATU y homologar los criterios de la Ley de Protección Civil y de Asentamientos Humanos para poder incidir de forma conjunta de una forma más activa en esta materia de construir ciudades seguras, resilientes, sustentables, con los objetivos de desarrollo sustentable, que como les comentaba el Presidente Peña ha suscrito recientemente en Nueva York.

Hay que considerar que toda decisión que estamos hoy en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial va a incidir en los próximos 20 años. La decisión de hoy es para dentro de 20 años. No estamos tomando decisiones para el día a día, si no que estamos que se decide que se va a construir ese impacto tiene que ver con las décadas que vienen por delante, para las generaciones futuras, ni siquiera hoy estamos disfrutando una situación regular o viviendo en una situación irregular o de riesgo.

Lo que queremos es fortalecer esta coordinación para poder utilizar al sistema de Protección Civil como un sistema de monitoreo de los espacios urbanos y que sean un instrumento que ayude a la SEDATU a normar a incidir, a dirigir subsidios y a concientizar también a sectores en relación a esta situación de riesgo.

Desde luego tenemos los diversos programas de elaboración de Atlas, la actualización para un fenómeno específico, la elaboración de documentos de construcción de documentos que todos ellos tienen financiamiento por parte de la Secretaría, pero requerimos la aportación de gobiernos estatales o municipales, pero muchas veces no se prioriza esto en el gasto municipal porque tenemos escasos los recursos, normalmente los servicios como agua, energía eléctrica, el drenaje, muchos municipios no tienen recursos propios, dependen de los recursos de la Federación o de los estados y eso merma mucho la capacidad para enfrentar los riesgos.

Esto también lo estamos vinculamos a otros programas que es la modernización de los catastros, si tenemos los catastros modernos, hay más recursos en las arcas municipales y más capacidad del municipio de enfrentar esas circunstancias.

Hay un estudio que acaba de dar a conocer el INEGI que de 2010 a 2015 los municipios que modernizaron sus catastros tienen 30 por ciento más de recursos, eso da para enfrentar esas condiciones de riesgo desde el propio municipio. Entonces tenemos que ir para que tengan la capacidad técnica y de recaudación que les permitan ser más sustentables en sus finanzas, para enfrentar estas situaciones pero que por la falta de recursos tienen renegados en su cajón que nos da para avanzar en estos procesos.