Gracias a la aprobación de la Ley Federal de Derechos, por primera vez en toda la historia de la minería en el país las empresas mineras se obligan a pagar un impuesto, lo que se traduce en obras de bienestar, crecimiento y desarrollo, en beneficio de las comunidades y los municipios de México.

Con estas acciones se genera un sistema fiscal progresivo que beneficia a los integrantes de las comunidades con actividades mineras que son los que menos tienen.

Mediante la aplicación de este Fondo Minero en Colima, cuya partida asciende a 29 millones de pesos, se verán beneficiados aquellos municipios con mayor actividad de extracción minera.

El impuesto a la industria minera es trascendental para las comunidades con actividades mineras, ya que generará mayor desarrollo, y se podrán tener mejores servicios de salud, mejoramiento de escuelas, becas, servicios públicos y proyectos de mejoramiento de calles y viviendas.

En la entidad, se entregaron simbólicamente 10 escrituras y carpetas agrarias, de un total de 105 cartas de subsidio al programa de apoyo avecindados en pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares.