Boletín No. 074

El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) entregó el primer Atlas de Riesgo del país al gobierno de Colima y la Carpeta Básica de Expropiación de Reserva Territorial, que precisa el terreno dónde se puede realizar la construcción de vivienda de interés social y delimita el desarrollo urbano en Cofradía de Juárez, Armería.

En el marco de la V sesión ordinaria del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Colima, el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, Gustavo Cárdenas Monroy hizo entrega de estos documentos al gobernador de la entidad, Mario Anguiano Moreno.

Durante la sesión de trabajo se presentaron los avances del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial; del proyecto del Registro Público de la Propiedad y Catastros y los estudios de reubicación de población en zonas de riesgo. Cabe señalar que estos trabajos en materia de ordenamiento territorial serán expuestos durante la próxima conferencia nacional de esta materia.

El funcionario federal dijo que Colima es una entidad que ha desarrollado un buen trabajo dentro de los Catastros y Registros Públicos de la Propiedad a través del uso de tecnología, modernización de procesos, pero sobre todo por la actualización de su marco jurídico. Acciones que permiten otorgar una mayor certeza jurídica para sus habitantes.

Además, precisó que tras los avances obtenidos en materia de regulación de la tenencia de la tierra en Colima, inversionistas nacionales e internacionales ven confianza para establecer y desarrollar negocios dentro de la entidad.

El subsecretario reconoció la participación e inversión del gobierno estatal y municipal para conformar un Atlas de Riesgo, cuyos diagnósticos se incorporan a los programas de desarrollo urbano y reordenamiento territorial, permitiendo que el riesgo disminuya y se salvaguarde la vida de la población, en caso necesario.

Adicionalmente, dijo, servirá para diseñar políticas públicas para el ordenamiento territorial, fortalecer y asegurar la observación del marco legal del riesgo, orientar las inversiones públicas y privadas, facilitar las Declaratorias de Emergencia y Desastre y, finalmente, valorar el impacto socioeconómico de los desastres.