La trata de personas es un delito especialmente grave, en la actualidad se entiende como una de las peores formas de explotación, su conceptualización se ha transformado a través de los años, sin embargo siempre ha estado ligada a vulnerar los derechos humanos de las víctimas a través del engaño, sometimiento, coacción, abuso de poder intimidación o amenaza, realizando así acciones en contra de su voluntad o viciando su consentimiento, equiparando –además- su condición humana a la de un objeto, medio del que se aprovecha el tratante para obtener beneficios ilícitos.

Considerado México por su ubicación geográfica como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, las redes del crimen organizado, frecuentemente se valen de la infraestructura y facilidades que ofrece la industria del turismo para cometer este delito.

Ha sido responsabilidad de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, reconocer la existencia de este problema en el sector y realizar acciones para garantizar que en la industria turística, se actué bajo un marco de responsabilidad y compromiso social, a fin de evitar que se continúe lastimando a miles de víctimas.

La industria del turismo NO puede ser responsable del comportamiento de sus clientes, pero SI tiene la capacidad de contribuir a la prevención de la trata de personas, en especial cuando afecta a niñas, niños y adolescentes y esto se hace a través de diversas acciones.

Para reducir los impactos negativos que produce la trata de personas en el sector turístico, se crea el “Programa Integral de Prevención a la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo”, mismo que ha sido desarrollado con base en diversas observaciones y recomendaciones que año con año, emiten organismos y dependencias tanto nacionales, como internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC; entre otros.




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