La violencia en contra de las mujeres es un fenómeno complejo con graves repercusiones sociales en diferentes ámbitos; entre ellos, puede citarse de manera destacada la salud pública. Paralelamente, es una expresión paradigmática de la desigualdad de género y por ello un asunto de derechos humanos. La preocupación por prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha ganado arraigo en las agendas gubernamentales desde hace aproximadamente dos decenios; se han promulgado leyes especializadas, se han creado centros de atención y se han diseñado políticas públicas que incorporan también actores de la sociedad civil organizada.

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