El Presupuesto de Egresos de la Federación es un componente crucial del marco de política macroeconómica; cumple con funciones económicas y sociales esenciales como la redistribución de la riqueza por medio de la asignación de recursos para proveer servicios sociales, la generación de empleo y la promoción del desarrollo. Al ser un medio para alcanzar objetivos planteados en las políticas públicas mediante la asignación de recursos, el presupuesto refleja las prioridades del gobierno y las traduce a términos monetarios. Para que las prioridades del gobierno se concreten, tienen que encontrar expresión formal en el presupuesto y contar con recursos asignados. Si esto sucede, los presupuestos tienen el potencial para contribuir a disminuir las brechas existentes en la sociedad y avanzar en materia de equidad.

Por lo general, las políticas públicas se diseñan de manera uniforme, para atender las necesidades de toda la población. Salvo algunas excepciones, los diseñadores de las políticas públicas no toman en consideración los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente determinados de hombres y mujeres, que son los que fundamentalmente determinan las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad. Se parte del supuesto de que estas diferencias no implican desventaja, es decir, que las políticas y programas derivados de los presupuestos no tienen un impacto diferenciado en hombres o en mujeres. Aunado a esto, el hecho de que los presupuestos se presenten sin mencionar específicamente a las mujeres, pero tampoco a los hombres, crea la impresión de que son un instrumento técnico que tiene un impacto similar en todos los grupos sociales. Sin embargo, la posición subordinada de las mujeres les ha generado barreras para acceder a la educación, la propiedad, el crédito, el empleo, la capacitación y los servicios de salud.

Ante esta situación, es urgente reconocer que las personas más pobres y con menor capacidad de influencia política son las más afectadas por las decisiones presupuestales; para estos grupos, los programas sociales son especialmente importantes para el bienestar de estos grupos y el de sus familias. El gasto en áreas clave como la salud tiene un efecto considerable sobre su presente y su futuro. Dada la sobre-representación de las mujeres entre los más pobres, los efectos que las políticas y las asignaciones presupuestales tienen sobre ellas son de gran magnitud.

Dentro del hogar o de la comunidad, las mujeres, hombres, niños y niñas pueden compartir las mismas condiciones generales de pobreza. Sin embargo, las mujeres y los hombres experimentan estas condiciones y las necesidades que resultan de ellas de manera distinta. Dadas sus diferentes labores y responsabilidades, la condición propia de las mujeres puede llevar a que entre sus necesidades más inmediatas estén una fuente cercana de agua potable y combustible, mayores ingresos para alimentar más sanamente a sus hijos e hijas y mejores servicios de salud para la atención del parto. La experiencia masculina puede derivar en que sus necesidades se relacionen con un mayor acceso a la tierra de cultivo, a la tecnología y a insumos agrícolas. Aunque hombres y mujeres compartan la condición de pobreza, la posición social y económica de las mujeres las pone en una situación de desventaja. Esto puede ilustrarse mediante las disparidades existentes entre los sexos en salarios, oportunidades de empleo y representación política.

En el campo de la salud, desde hace tiempo se han instrumentado una serie de programas especialmente orientados o focalizados hacia los asuntos relacionados con las mujeres, como el embarazo, el parto y el puerperio, entre otros. Estas acciones, si bien se enfocan a las determinantes biológicas femeninas, no están orientadas a la disminución de la posición de desigualdad que enfrentan las mujeres: simplemente atienden a necesidades biológicas distintas.

Además de esto, es necesario que la perspectiva de género —que busca entender las diferencias y desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres— se integre de manera transversal a las políticas, programas y proyectos gubernamentales para mejorar la posición femenina. La transversalidad de la perspectiva de género implica que la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres permee todas las estrategias del gobierno y que las mujeres (y los hombres) participen no únicamente en la etapa de la puesta en marcha de los programas o proyectos, sino también en las fases de diseño y evaluación para asegurar que se incorporen sus intereses, necesidades y prioridades.