Superar las desigualdades de género y analizar el impacto de las acciones en la materia desarrolladas por diferentes sectores, implica un esfuerzo de voluntad política para generar e instrumentar, razonada y democráticamente, nuevas prácticas desde el Gobierno Federal que extiendan su influencia al resto de la sociedad.
Un elemento fundamental de la equidad de género es la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres en la vida cotidiana y en las acciones de la sociedad y del gobierno, en particular, en los mensajes de comunicación de cualquier índole que emita o patrocine la Administración Pública Federal (APF).
Esa obligación atañe a las funcionarias y los funcionarios públicos federales, conforme a las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que concibe la comunicación como un factor indispensable y estratégico en este proceso.
Existen marcos jurídicos nacionales e internacionales que determinan la obligatoriedad del enfoque de género, la equidad de género y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la ya citada LGAMVLV, que se sustentan en los principios y las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Dichos instrumentos también identifican la comunicación, la información y la difusión como líneas estratégicas de política pública para incidir en la consecución de una sociedad igualitaria.
Comunicar, informar, difundir, ya sea dentro de la gestión interna o para la ciudadanía, debe entenderse, consecuentemente, como un valor estratégico, ya que por medio de la comunicación, específicamente del lenguaje hablado, escrito y visual, es posible contribuir a modificar la situación de las mujeres y alcanzar la equidad de género.
La posición dependiente de las mujeres dentro de la estructura patriarcal de la sociedad y su condición de invisibilidad total o parcial, las exponen a diferentes tipos de violencia, al infringir sus derechos fundamentales y transgredir la normatividad nacional e internacional, de acuerdo con la definición publicada en la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993):
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
Si las áreas de comunicación no son sensibles a este tema, las campañas que difundan pueden frenar e incluso impedir las transformaciones sociales que requiere el desarrollo cívico y social de mujeres y hombres en condiciones de equidad, en la medida en que refuerzan tanto roles como estereotipos de género.
El uso de un lenguaje, que en sus expresiones verbales, escritas, gestuales o visuales, atenta contra la mujer o la discrimine sigue siendo común; ello dificulta su visibilización como actora institucional, social, económica y política, ya que, frecuentemente, se recurre a expresiones y representaciones visuales que transmiten desigualdad de género y que no dan cuenta de su presencia ni de su actuación digna en los diversos ámbitos de la vida.
Por este motivo y con plena conciencia de que todavía existen obstáculos para que mexicanas y mexicanos tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de participación en el crecimiento del país, este Manual ofrece criterios e instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género en las campañas institucionales de la APF.
Ver Manual de Criterios e Instrumentos para la Evaluación y la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Campañas del Gobierno Federal.