NUM. 648 / México, D.F.

• El director en jefe del SENASICA, Enrique Sánchez Cruz, consideró que es indispensable contar con un marco jurídico moderno que armonice los criterios de inocuidad y sanidad con el ámbito internacional y que dé certeza a los consumidores.

• En México existe una tradición sanitarista de más de 100 años, a través de la cual se ha logrado un estatus sanitario sólido y prestigio internacional que permite exportar productos agroalimentarios por alrededor de 25 mil millones de dólares.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) trabaja de manera permanente en el fortalecimiento de las leyes y normas que regulan la sanidad e inocuidad agroalimentaria, por lo cual México cuenta con un marco jurídico sólido para ofrecer mayores garantías a los consumidores nacionales y a los socios comerciales.

Así lo expresó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, durante su participación en el Seminario “Derecho Humano a la Alimentación en México”, celebrado en el marco del 75 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el Aula “Guillermo Floris Margadant” del propio instituto ubicado en Ciudad Universitaria, el funcionario de la SAGARPA afirmó que la principal labor del SENASICA es proteger el patrimonio agroalimentario del país para llevar a la mesa de los mexicanos alimentos suficientes, sanos, inocuos y de calidad.

En la mesa “SAGARPA y el derecho a la alimentación” explicó que para llevar a cabo esta labor es indispensable contar con un marco jurídico moderno que armonice los criterios de inocuidad y sanidad con el ámbito internacional y que dé certeza a los consumidores.

Subrayó que la producción agroalimentaria enfrenta importantes retos en cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos, pues los consumidores y los mercados son cada vez más exigentes. Las leyes no van a evitar la entrada de las plagas y las enfermedades, pero sí “nos dan las herramientas para actuar en la prevención, control y erradicación de ellas”, apuntó.

Remarcó que en México existe una tradición sanitarista de más de 100 años, a través de la cual se ha logrado un estatus sanitario sólido y prestigio internacional que permite exportar productos agroalimentarios por alrededor de 25 mil millones de dólares a más a distinta naciones del mundo.

Sánchez Cruz puntualizó que México es potencia exportadora de frutas y hortalizas, lo cual es posible porque los productores y los técnicos del SENASICA trabajan en conjunto en la aplicación de programas de sanidad y sistemas de inocuidad en la producción agroalimentaria.

Estos programas, continuó, están orientados a cumplir con las exigencias de los consumidores nacionales y con los complejos estándares que cada país exige para la importación de alimentos.

Por su parte, el director de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), Eduardo Padilla Vaca, quien participó en la misma mesa, se refirió al Sistema Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales en México.

Dijo que la protección de las obtenciones vegetales es un derecho exclusivo de la propiedad intelectual y, como tal, es una forma de reconocer los logros de los obtentores por un plazo limitado de 18 años para especies frutícolas, y 15 años para otro tipo de variedades.

Agregó que la actividad de obtención de nuevas variedades vegetales exige inversiones en conocimientos técnicos, recursos materiales y esquemas de financiamiento; no obstante, la concesión de derechos exclusivos respecto de una obtención representa una oportunidad para que el obtentor recupere sus costos y reúna los fondos necesarios para realizar nuevas inversiones.

El también funcionario de la SAGARPA hizo énfasis en que las leyes mexicanas están en concordancia con las reglas globales y explicó que el Sistema de Derechos de Obtentor que se utiliza en México, en relación con el Sistema de Patentes, ofrece el beneficio de que los pequeños productores y los investigadores que trabajan con ellos utilicen variedades protegidas con facilidades administrativas, incluso sin pagar derechos.