Ciudad de México.- La Profeco está abierta para escuchar y atender todas las voces y expresiones de la sociedad en la construcción de las políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos de los consumidores y con ello construir una justicia cotidiana que fortalezca el Estado de derecho en todo el país, afirmó Rafael Ochoa Morales, en funciones de Procurador Federal del Consumidor.

Al tomar protesta a cuatro miembros del Consejo Consultivo del Consumo, Ochoa Morales destacó la pluralidad, experiencia y liderazgo de los nuevos integrantes de este órgano colegiado, encargado de orientar las acciones de la Procuraduría.

Los nuevos consejeros son:

  • Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Virginia Sendel de Lemaitre, periodista y Presidenta de la Fundación Michou y Mau.
  • Fernando Lerdo de Tejada, consultor y ex titular de Profeco.
  • Bernardo Altamirano Rodríguez, Presidente del Better Business Bureau (BBB) y también ex Procurador Federal del Consumidor.

Durante la sesión, en la que los consejeros intercambiaron puntos de vista y expusieron sus recomendaciones al Procurador en funciones, se planteó que la Profeco está llamada a ser punta de lanza de un gobierno abierto y sensible a las necesidades sociales.

Los consejeros coincidieron en la necesidad de mantener políticas con un alto sentido de protección, para hacer valer los derechos no sólo de los ciudadanos, sino de toda la población consumidora.

Asimismo, se abordó la pertinencia de incorporar un enfoque de producción y consumo sostenible con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sustentable de la ONU, con las que se comprometió México.

En la XXIX Sesión de este órgano consultivo, se reconoció su pluralidad, factor que enriquece el diálogo para atender los reclamos de la sociedad.

Ochoa Morales manifestó que con el trabajo de este Consejo Consultivo se cumple con la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto y del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de hacer de la protección al consumidor una política transversal, donde las voces de la sociedad estén incorporadas en todas las funciones del Estado, como ocurre con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.